El pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo para combatir la pandemia al entender para acordar el confinamiento de toda la población era necesario declarar el Estado de excepción y no de alarma y en una decisión muy ajustada que contó con la oposición de cinco de los once magistrados. Una situación que volvía a darse la pasada semana, cuando el tribunal de garantías se pronunciaba en el mismo sentido y tumbaba el segundo estado de alarma, que estuvo vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021. 

Esto supone que todas las multas derivadas de la violación del confinamiento durante el estado de alarma son nulas puesto ese  confinamiento es, según el fallo, inconstitucional. De hecho, hace unos días, y antes de conocerse el dictamen sobre el segundo estado de alarma, el Gobierno  ya ordenó crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma, que se prolongó del 14 de marzo al 21 de junio del pasado año, a la vez que para anular los expedientes que seguían pendientes de tramitación.  Esto supone que en el conjunto nacional se anularán las más de 1,1 millones de multas que se pusieron en esos más de tres meses. También, lógicamente, las más de 2.000 sanciones impuestas en Ávila por saltarse el confinamiento  durante las primeras semanas tras declararse la pandemia. 

En el caso de Ávila esto implicará no solo anular todas las sanciones que se impusieron en esos meses por saltarse las prohibiciones que recogía el estado de alarma sino también la devolución, en principio de oficio, de los cerca de 300.000 euros que los abulenses abonaron en concepto de multas. Concretamente, y según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de Ávila, durante el primer estado de alarma los abulenses abonaron 285.624 euros en concepto de mulas interpuestas por incumplimientos tales como salir a la calle sin motivo justificado o participar en reuniones con no convivientes.  

De esa cuantía, explican desde la Subdelegación del Gobierno de Ávila, la mayor parte, 247.761 euros en total, se corresponde con 823 expedientes sancionadores que fueron abonados mediante procedimiento abreviado, lo que para los ciudadanos multados conllevaba una reducción del 50 por ciento de la multa. Los restantes 37.863 euros corresponden a 63 expedientes sancionadores abonados por vía ejecutiva y que, al no haberse pagado de forma voluntaria en el periodo establecido para ello, no se les aplicó el 50 por ciento de reducción por pronto pago. 

Así las cosas, de los 2.011 expedientes sancionadores que se tramitaron en esta provincia por incumplimientos del confinamiento  únicamente se llegaron a abonar 886, lo que implica que otros 1.125 están aún en fase de tramitación y quedarán anulados de forma automática atendiendo a lo dictado por el Tribunal Constitucional.