El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León llama al «consenso» en el desarrollo de los instrumentos de la ordenación del territorio con el fin de «avanzar» en una estrategia que «valorice y potencie» las pequeñas ciudades y centros de servicios «como base de la prestación de servicios y la garantía de la calidad de vida en el medio rural». A juicio del CES es momento de abordar «sin dilación» los «retos y oportunidades» que presentan las zonas rurales de la Comunidad.

Según recoge el CES en el informe previo sobre el anteproyecto de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas conocido por Ical, a pesar del «creciente desequilibrio demográfico» de la Comunidad, el desarrollo de una «adecuada» ordenación del territorio contribuiría «al actual auge de la economía agroalimentaria de calidad» como un factor «de impulso» para la puesta en valor socioeconómico del entorno rural. 

En alusión a la ordenación territorial, el CES reclama ser «especialmente cauteloso» con la seguridad jurídica de las normas planteadas para evitar una litigiosidad «indeseada» que haga “más complejo” el desarrollo de la ordenación territorial y para evitar «posibles complicaciones» en el proceso de reconfiguración de las mancomunidades de interés general (MIG) constituidas por la vía de la excepcionalidad. 

En sus conclusiones finales en el informe, el CES deja claro que no considera adecuado la inclusión de materias no tributarias en anteproyectos de ley al entender que deberían incluirse «casi exclusivamente» medidas de naturaleza tributaria que afecten a los ingresos de la Comunidad. Estima que no se detecta que la inclusión de materias no tributarias en este anteproyecto responda «salvo algunas excepciones» a la situación generada por la covid. 

Igualmente, aboga por «mayor justificación o explicación» de las razones de la inclusión de materias no tributarias en la norma, así como el alcance de las modificaciones. 

El CES cifra en 26 las leyes modificadas o derogadas parcialmente en el anteproyecto de ley, lo que estima que supone «una proliferación normativa» mediante el recurso a este anteproyecto que «dificulta la labor de los destinatarios e intérpretes de las distintas normas», recoge. 

Sobre las modificaciones en la Ley 2/2006 de Hacienda y del Sector Público que introducen competencias de control y su regulación sobre las ‘entidades del sector público institucional autonómico’, el CES recuerda que se trata de un concepto «no definido aún en la regulación autonómica». Por ello, estima conveniente introducir en la norma autonómica «las modificaciones oportunas» de salvaguarda de la independencia institucional. 

En relación a la modificación de varios artículos de la Ley 12/2006 de 26 de octubre de creación de la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), el CES defiende una «regulación adecuada» dentro de los límites de la Ley de Contratos del Sector Público. La entidad considera «particularmente positivo y garantista» que el encargo tenga que efectuarse en virtud de una resolución del órgano competente de la administración o entidad que hace el encargo.

A su juicio, esta posibilidad será «particularmente operativa» para las diputaciones que podrán conseguir «ágilmente y de manera indirecta» prestaciones en favor de los municipios de menor capacidad.