La Junta flexibiliza el acceso de parados a la teleformación

SPC
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La Consejería de Empleo reducirá a la mitad el plazo para acreditar a las entidades en este tipo de formación, mantendrá el coste de los módulos y permitirá hasta 40 alumnos por aula virtual

Imagen de archivo de un curso de formación para desempleados en la provincia de Burgos. - Foto: Alberto Rodrigo

La Consejería de Empleo e Industria publicará la semana que viene una orden que «flexibiliza» la formación de desempleados en Castilla y León a través de teleformación y aulas virtuales. La idea es retomar este servicio en cuanto salga la orden en el Bocyl, porque en la situación actual «se va necesitar más formación y orientación», con el compromiso de acreditar a las entidades de teleformación en la mitad de plazo previsto, es decir, antes de tres meses, para impulsar esta modalidad; mantener el coste de los módulos y permitir hasta 40 alumnos por aula virtual.
La regulación, debatida con los sindicatos, supone «un cambio de esquemas» y se dirige a flexibilizar estas modalidades de formación «ante la situación que estamos viviendo» y que paralizó todos los cursos desde la declaración del estado de alarma. El aula virtual será la forma de uso más inmediata, «incluso se podría empezar la semana que viene», tras la aprobación de la orden, ya que se puede pasar de la formación presencial a esta modalidad directamente, porque «se considera igual». La teleformación, por su parte, que se organiza el beneficiario «como le da la gana», requiere de la acreditación por parte de la Comunidad, de las entidades que ofrecen la formación para que puedan emitir certificados.
En este sentido, desde la Consejería de Empleo e Industria se comprometieron a agilizar los procedimientos de acreditación de las entidades y a reducir a la mitad los plazos, por lo que se resolverán en menos de tres meses «en la medida de los posible».
Asimismo, el Ejecutivo autonómico asumió que el coste de la formación «no se alterará a la baja», aunque sea menor porque en teleformación la entidad no tiene que asumir gastos presenciales como los locales, la luz o los seguros. Así, desde la Consejería de Empleo e Industria se pretende «reconocer el esfuerzo de las entidades en el cambio de metodología, que implica un esfuerzo».
Asimismo, con el reto de que la actividad «sea más rentable» se pasa de un máximo de 15 alumnos a una ampliación hasta 40 para las aulas virtuales. Esta medida de multiplicar por más de dos las plazas, también responde a que a partir de ahora «habrá mucha gente que cualificar y se da facilidades».
Otro de los aspectos básicos de la orden se refiere a la desviación de alumnos que abandonan para poder cobrar la totalidad del curso. En este sentido, la Junta asume hasta un 15 por ciento, aunque está analizando si se puede elevar ese porcentaje hasta el 20 por ciento, como se ha adoptado en otras autonomía. «Si se puede lo aceptaremos», afirmaron a Ical. «Esto significa que aunque no estén ocho alumnos seguiremos pagando el curso» aclararon.