La Junta de Castilla y León ha concedido a los autónomos abulenses algo más de un millón de euros en ayudas por la covid, una cantidad que presumiblemente se verá incrementada con una última remesa de subvenciones para este fin. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el martes la resolución de la Consejería de Empleo e Industria que autoriza el pago de 2.197 subvenciones directas a otros tantos trabajadores autónomos de la Comunidad por un importe global de 6.651.000 euros, de las que 186 proceden de la provincia de Ávila, por una cuantía de 568.000 euros.

Se trata del tercer bloque de ayudas concedidas en este sentido, de manera que en toda la comunidad son ya 5.866 los trabajadores autónomos que se han beneficiado de esta ayuda, mientras el importe de la cuantía concedida hasta el momento se acerca a los 18 millones de euros. En la provincia de Ávila los autónomos que han resultado beneficiarios ascienden a 349, con una cuantía total superior al millón de euros, lo que supone una media de 3.100 euros por expediente.

Estas ayudas forman parte de la línea convocada a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos para paliar los efectos económicos provocados por la COVID-19 y apoyar la recuperación y reactivación de la actividad de los trabajadores autónomos de Castilla y León.

En este marco la Junta recuerda que, con el fin de que los beneficiarios pudiesen disponer de la ayuda lo antes posible, la Dirección General de Economía Social y Autónomos optó por resolver la convocatoria por bloques, habiéndose resuelto hasta la fecha un total de tres bloques y quedando pendiente un último bloque que se resolverá definitivamente en las próximas semanas, atendiendo la totalidad de las solicitudes presentadas y que cumplen con los requisitos.

La convocatoria estaba dirigida a un total de 86 epígrafes económicos en los que desarrollan su actividad fundamental trabajadores autónomos y establece una ayuda económica directa de 3.000 euros para cada uno de los autónomos beneficiarios, cuantía que se eleva a los 8.000 euros en el caso de las discotecas y las salas fiestas, por tratarse de sectores que han sufrido con especial intensidad las restricciones de actividad derivadas de la crisis sanitaria.