La procuradora socialista y coordinadora del área de Familia, Nuria Rubio, advirtió ayer que «si en el plazo de una semana, la Junta no entrega los datos de lo que ha sucedido en las residencias privadas, con desglose de todas las inspecciones y visitas que han realizado presencialmente los equipos covid», el lunes 19 su grupo registrará en las Cortes de Castilla y León la propuesta de constitución de una comisión de investigación.

La comparecencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en las Cortes para presentar el informe sobre el impacto de la covid-19 en las residencias de personas mayores y las actuaciones llevadas a cabo elevó la tensión al máximo entre Gobierno autonómico y oposición y acabó con la amenaza de los socialistas.

«Los grupos políticos, pero sobre todo la ciudadanía debe saber lo que ha ocurrido en los centros de mayores durante la pandemia», señaló Rubio, ante lo cual la consejera recalcó que «pese a sus amenazas y bravatas» no se va a saltar «los informes técnicos de la Consejería y del Ministerio o la protección de datos».

«Si no damos los datos de las residencias privadas es porque no los podemos dar, según un informe jurídico que dice que no se den salvo autorización de las familias y los centros. Yo no voy a prevaricar saltándome los informes. Si una instancia superior nos dice que lo hagamos lo haré automáticamente, no tengo ningún interés en no facilitarlos», subrayó.

Ante ello, Rubio recordó que «otras autonomías sí han facilitado los datos de las residencias privadas y parece que no hay procedimientos judiciales contra ellas». Blanco aclaró que «se ha pedido autorización a los centros dos veces, y que a la vista de lo que se dicte en esa audiencia ponderemos dar o no dar los datos», aunque matizó que le gustaría «la misma transparencia en el Gobierno».

La procuradora Laura Dominguez (Podemos) se congratuló del anuncio de la futura petición de una comisión de investigación, ya que según expuso en declaraciones recogidas por Ical desde la formación morada llevan «tres meses» reclamando lo mismo, apoyados por «sindicatos de profesionales y familiares de residentes y víctimas». «Seguiremos exigiendo esa comisión de investigación que está claro que el PP y Cs no tienen ninguna intención de abrir», expuso.

Hasta el final.

Rubio y Domínguez coincidieron en criticar la intervención de la consejera, que la socialista calificó como «tomadura de pelo» y «una falta de respeto a este parlamento» ya que, en su opinión, no aportó «nada nuevo». «El PSOE llegará hasta el final para descubrir y poner en evidencia la gestión de esta Consejería en materia de residencias durante la crisis sanitaria. Hemos hecho una oposición responsable, nos sumamos a trabajar, hicimos un plan de choque, aportaciones desde la lealtad a quien gestionaba y a la ciudadanía, pero a cambio recibimos faltas de respeto, tratándonos como si fuéramos bobos», lamentó Rubio.

Domínguez apuntó que el informe «emite juicios de valor», algo «increíble y vergonzoso», y aseguró que «incluso miente y presenta insuficiencias».

Por su parte, la consejera defendió que el informe de 190 páginas se ha elaborado «desde el rigor y el respeto» y apuntó que «seguimos trabajando en una nueva ley de tratamiento residencial, que mejore los ratios de personal, pero el déficit de sanitarios es estructural». «Castilla y León no es una isla, y los problemas son comunes al resto de España», lamentó Blanco.

En su intervención, recalcó que ella «nunca» ha eludido su responsabilidad, y que nunca ha mentido, si bien recordó que «hay una corresponsabilidad con el Gobierno central porque asumió el mando único durante el estado de alarma».