Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad instar a la Junta a remitir a la mayor brevedad posible el proyecto de ley de prevención, extinción de Incendios y salvamento, así como a consignar, desde el próximo ejercicio, presupuesto para dar apoyo económico a las administraciones locales que asumen estos servicios en el marco de sus competencias, informa Ical.

Tras una enmienda de Grupo Popular, se aprobaron por consenso de todos los grupos cinco de los siete puntos de una moción del Grupo Socialista. Sin embargo, PP y Ciudadanos rechazaron la creación del Fondo de Ayuda a los Afectados por la covid-19, al considerar que no se ajusta a lo previsto en la Ley de Protección Ciudadana, y formar un Consorcio Autonómico para la prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, como pedían los socialistas.

De forma unánime, el parlamento pidió a la Junta que publique de inmediato el decreto que configura y delimite las Zonas de Actuación Inmediata y Áreas de Emergencia e invitó a la Junta a acometer, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para promover la suscripción de un convenio colectivo autonómico de Emergencias, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal del 1-1-2.

Además, reclamaron que se adopten las medidas organizativas y la consiguiente consignación presupuestaria necesaria para incrementar y sistematizar con mayor frecuencia periódica la actividad de formación de los miembros de los cuerpos profesionales que realizan funciones de protección ciudadana en Castilla y León, así como del voluntariado de protección civil.

El socialista José Luis Vázquez señaló que el actual Gobierno autonómico es como el cambio climático, todo lo “abrasa”, como a su juicio ocurre en el Diálogo Social, el operativo de incendios o en materia de función pública. “Todo lo inunda”, dijo porque habla de políticas verdes y aprueba una norma de simplificación que a su juicio amenaza los valores medioambientales de la Comunidad.

Por ello, Vázquez consideró que “Castilla y León carece de gobierno” con proyecto para aprovechar las oportunidades del fondo europeo de 140.000 millones para España y advirtió de que la vertebración del territorio y su custodia permitirá que los ciudadanos encuentren una oportunidad en uno de los lugares “más ricos”.

En su opinión, la Comunidad está en una “encrucijada” y señaló que el incumplimiento de las leyes complica el acceso al fondo europeo. También vinculó la desafección entre los ciudadanos y lo que se debate en la cámara, por lo que defendió la utilidad de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León para recuperar la “mejor de las normalidades” en el futuro. Por ello, se dirigió al PP para preguntarles si no les duelen que los castellanos y leoneses vean como se incumplen los acuerdos y compromisos y a Cs les recordó que se ha perdido una oportunidad histórica para cambiar el rumbo.

El ‘popular’ Ricardo Gavilanes rechazó la creación de un fondo de ayuda a los afectados de la covid-19, a través de créditos ampliables porque señaló que la Ley de Protección Ciudadana no está pensada para la situación actual, sino que está limitada catástrofes y calamidades que se producen en un momento determinado, puesto que la pandemia -dijo- afecta a toda la sociedad y está inconclusa. También insistió en que el reparto de los fondos del Gobierno se haga de forma “precisa” y no tengan a las comunidades esperando “meses y meses”, como a su juicio ocurrió con los 182 millones del IVA o los 80 de formación. “Quien abrasa es el Partido Socialista”, sentenció.

En nombre de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo insistió en que la protección ciudadana es un “seguro” ante situaciones imprevisibles, pero recalcó que no existen protocolos “perfectos” sobre el “cómo, el cuándo y el dónde”. Esto, señaló, ocurrió con la pandemia de la covid-19, y apuntó que la iniciativa socialista está desconectada de esta crisis, es “incompleta” e “incoherente”, y plantea fondos que desbordan a su juicio lo previsto en la ley. Además, instó a pactar un estatuto conjunto para el personal de extinción de incendios.

Finalmente, el procurador de Vox Jesús García-Conde lamentó la falta de desarrollo de la ley de protección ciudadana, pero descartó la creación de la Escuela de Protección Ciudadana de la Comunidad. También, demandó un fondo para hacer frente a una “calamidad” pública y demandó al PSOE que expresara su preocupación por la inseguridad generada por los inmigrantes ilegales, así como frente a la ocupación de viviendas.