Fue la por entonces ministra de Cultura, y ahora número dos del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, quien pronunció una frase lapidaria que desde entonces se ha utilizado con sorna para hablar de los desmanes que a veces cometen los políticos con los fondos de la Administración. «El dinero público no es de nadie». Como si estuvieran aferrados a esa premisa, los independentistas echaron mano -según la Justicia- de las arcas de la Generalitat para pagar la quimera de la independencia que cuando la proclamaron de manera ilegal apenas estuvo vigente 46 segundos. Una duración que, eso sí, permitió a Carles Puigdemont batir el récord de la República que promulgó Lluís Companys a las ocho de la tarde del 6 de octubre de 1934. A las siete de la mañana del día siguiente, el Ejército español, por orden del Gobierno central, entró en el Palacio de la Generalitat y detuvieron a Companys y a su Ejecutivo. Son muchos los medios y los analistas que han intentado ponerle una cifra al coste del órdago secesionista, con disparidad de opiniones debido a la multitud de acciones asociadas al separatismo que se han llevado a cabo bajo el paraguas de los Gabinetes de Artur Mas, Carles Puigdemont e, incluso, Quim Torra. Curiosamente, quien fuera ministro de Hacienda de la época de Rajoy, Cristóbal Montoro, negó en sede parlamentaria cualquier desviación de fondos públicos para el procés, aunque posteriormente matizó sus palabras asegurando de haber existido financiación ilegal, él lo desconocía.
Las cuentas de la Justicia
Sin embargo, en las distintas sentencias o autos judiciales relacionados con el procés sí aparecen las cantidades que los distintos Gobiernos de Cataluña destinaron a la quimera separatista. No hay que olvidar, de hecho, que dirigentes como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados por el Supremo, además de por sedición, por malversación en el juicio del procés.
El organismo encargado de fiscalizar el coste es el ahora tan de moda Tribunal de Cuentas, que calcula el dispendio en casi 10 millones de euros públicos. Según sus investigaciones, el referéndum ilegal del 1-O le habría costado a los ciudadanos catalanes unos 4,1 millones, que tuvieron que depositar como fianza por la causa del procés los líderes del desafío separatista y los ex altos cargos del Govern que ayudaron a organizar la consulta independentista.
Unos 3,8 millones de euros de la Generalitat se habrían desviado de forma irregular, según este Tribunal, para las actividades del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), el organismo creado por el Ejecutivo regional para difundir en el extranjero la quimera secesionista. Además, entre sus funciones se encontraba también la realización de actividades de sensibilización y de implicación de la sociedad civil catalana. Muy relacionado con Diplocat aparece la red de las denominadas embajadas del procés, con un coste irregular para las arcas catalanas de alrededor de 1,2 millones de euros.
Los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para promocionar el proceso independentista también son señalados por el organismo fiscalizador, que señala que la Generalitat desembolsó por este concepto unos 390.00 euros. «El dinero público no es de nadie», como decía Carmen Calvo. Y así lo entendieron los secesionistas para llevar a cabo su órdago.