El viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, destacó hoy que todas las líneas de ayudas puestas en marcha por la Junta para paliar los efectos de la crisis de la covid-19 en trabajadores y empresas serán ampliables y estarán en función de las necesidades reales. “Seremos imaginativos y buscaremos financiación donde sea preciso”, a la vez que recalcó que este paquete de medidas son fruto de “un primer gran acuerdo del Diálogo Social, al que seguirán otros”, informa Ical.

Martín, que esta tarde compareció ante la Comisión de Empleo e Industria de la Cortes de Castilla y León, cifró a día hoy en 366.000 las personas inactivas en Castilla y León, de los que más de 173.000 son desempleados y el resto son trabajadores afectados por ERTE, a la vez que advirtió que hasta dentro de dos o tres meses no se podrán conocer los efectos reales que la crisis de la covid-19 provocará en el mercado laboral de la Comunidad, aunque adelantó que en los dos primeros meses en Castilla y León se han destruido 25.000 empleos.

En su intervención, realizó un repaso somero a todas las actuaciones Junta para paliar los efectos de la crisis, tanto de apoyo a los trabajadores como a las empresas, y destacó que ya son nueve las líneas de ayuda que están en marcha, seis dentro del Papecyl 2020 y las tres restantes dentro de las medidas extraordinarias para combatir los efectos del coronavirus.

En su intervención también reclamó al Gobierno la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio y también lamentó los recortes de la ayudas estatales en políticas activas de empleo, que pasan de los 142 millones del 2019 a los 64 de este año.

Al mismo tiempo, Martín puso en valor el trabajo de los funcionarios del Servicio Público de Empleo en la tramitación de más de 33.000 ERTE y anunció que además del refuerzo con funcionarios de la Consejería de Empleo y Trabajo, se reforzará la plantilla con la contratación de 55 interinos, de los que seis ya han sido autorizados.

En su intervención, el viceconsejero también hizo referencia a las ayudas al medio rural, y aseguró que esta crisis y el fomento del teletrabajo se ha convertido en una “oportunidad histórica para combatir la despoblación”.

Por otra parte, los representantes de todos los grupos políticos se sumaron al llamamiento del viceconsejero a la unidad y al consenso para superar la crisis como sociedad. En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista Pedro Reglero, ofreció la colaboración del PSCyL y su “mano tendida, pero nunca la imposición”, a la vez que reclamó un mayor esfuerzo económico para que no ocurra como en la crisis del 2008 y nadie se quede atrás.

Además, también reclamó que se adapten y agilicen las necesidades formativas a la nueva realidad y reclamó información al viceconsejero sobre la situación de los trabajadores de empresas que trabajaban en programas de conciliación como ‘Madrugadores’ o ayudantes del transporte escolar. En este sentido, Martín aseguró que estos trabajadores serán indemnizados.

Mientras tanto, el portavoz del Grupo Popular, José Alberto Castro, también apeló a la unión y al Diálogo Social para superar la crisis, a la vez que hizo referencia a un informe de Unicaja en el que se cifra en 59.000 parados los efectos del COVID-19 en Castilla y León. A su vez, reclamó que la Comunidad también se pueda beneficiar de los fondos de la Unión Europea y la agilización del pago de las ayudas de los ERTE.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, que además de poner el acento en la importancia de extender la banda ancha al medio rural para que se pueda asentar el teletrabajo en los pequeños pueblos, se refirió a los ERTE como la mejor inversión para salvar puestos de trabajo.

Por ultimo, el portavoz del Grupo Mixto, José Pascual Muñoz, pidió que el comercio y el turismo tengan un protagonismo destacado en los planes de recuperación y reclamó al viceconsejero que el Plan Ávila no caiga en el olvido. En su réplica, Martín cifró en 12,2 millones de euros las ayudas recibidas por la provincia abulense en políticas de empleo, aunque no pudo ni fijar una fecha para retomar las reuniones con los agentes sociales, ni cifrar el montante total del plan.