El socialista Javier Izquierdo cumple 14 meses como delegado del Gobierno en Castilla y León. Nacido en Mieres (Asturias), pero arraigado en la Comunidad, tiene 51 años, está casado, con dos hijos, es arquitecto y funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. Conoce muy bien la política regional y no cree que sea el momento de unas elecciones anticipadas en la región ni de unas primarias en su partido. “Ni intuyo ni deseo que haya adelanto electoral en Castilla y León”. Ha sido secretario general del PSOE de Valladolid, concejal en el Ayuntamiento pucelano, procurador en las Cortes, diputado en Madrid y alto cargo ministerial de Fomento. Actualmente también forma parte del área de Organización de José Luis Ábalos en la Comisión Ejecutiva de Pedro Sánchez. Defiende el fin de las tarifas duras en las autopistas y la implantación de peajes blandos en las autovías para sostener los 15.000 kilómetros de vías de alta capacidad construidos en las últimas cuatro décadas. Define a la A-40 que anhela Ávila como un proyecto de gran envergadura, “una súper M-50” y asegura que la Escuela Universitaria de Policía estará en Ávila, “a pesar del ruido del PP”.  En clave también abulense, Javier Izquierdo pide que se confíe y “se deje hablar a las instituciones” para reflotar el proyecto del Museo del Prado abulense.

¿Qué podemos esperar de la próxima reunión que ha anunciado el senador socialista sobre el proyecto de Los Águila?

Lo que ha anunciado Jesús Caro es importante porque demuestra el compromiso del PSOE abulense con el Prado abulense. Tiene que haber dialogo entre instituciones y hay tiempo de trabajar y de consensuar el mejor proyecto posible. Sobre esta cuestión, es necesario destacar un avance importante con el actual Gobierno: en primer lugar, han vuelto las obras al palacio de Los Águila; en segundo lugar, hay dotación económica. Por tanto, ahora tenemos la certidumbre de que el proyecto avanza y lo que falta es concretar el contenido. Veo con buenos ojos esta futura reunión, la colaboración con el Ministerio de Cultura y la deseable colaboración, también, con la Junta. 

¿Cómo máximo responsable de la seguridad en Castilla y León, que singularidad podemos destacar de Ávila en relación a la protección de personas y bienes?

El rasgo principal es que vivimos en un territorio muy seguro. España es segura; Castilla y León y Ávila, aun más que la media, tanto en tasas de criminalidad como de averiguación de delitos.  Esta es una gran baza para el desarrollo económico: el turismo es sol, playa, patrimonio, pero sin duda, todo esto sería imposible sin ser un lugar seguro.  

Decaen el toque de queda y el cierre perimetral, ¿qué estrategia van a seguir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?

Ya no hay limitaciones de derechos fundamentales, y las mismas se circunscriben estrictamente a las que imponga la Junta. Apoyaremos algunas de esas cuestiones que sean claras y concretas y, a la vez, quiero recordar que las policías administrativas y el poder de los inspectores en cada una de las áreas administrativas de la Junta también tienen que actuar.

Por cierto, acláreme esta incidencia: el del 8 de mayo será el último sábado del toque de queda entre las 22 y las 24; pero a las 00:01 del domingo 9, ¿se puede salir a tomar un refresco o una copa?

Bueno, un refresco o una copa si no hay restricciones respecto a los horarios de apertura y cierre (la entrevista se realizó a primera hora de la mañana de ayer).

¿Y un paseo?..

Sí, a partir de las cero horas del próximo domingo ya no hay limitaciones a derechos fundamentales, como el de la libre circulación. 

Las autonomías acusan al Gobierno de dejarlas desamparadas con el fin del estado de alarma.

Hay dos cuestiones distintas que tienen que quedar claras: por un lado, el toque de queda; por otro, lo que las autonomías decidan hacer con los horarios de cierre, que son parte de sus competencias y que se han consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El estado de alarma ha facultado al Gobierno y a las autoridades delegadas del mismo en el ámbito autonómico a la limitación de derechos fundamentales, como es la movilidad nocturna; los cierres perimetrales -e incluso provinciales; las restricciones en el derecho de reunión, tanto pública como privada; y en el ejercicio del culto religiosol al verse afectado por los aforos. Y es lo que va a decaer el domingo. A  partir de ahora son las autonomías las que pueden limitar todo lo demás en base a los niveles de alerta sanitaria. 

A veces se ha hablado de falta de liderazgo y de respuestas distintas. Es falso. La respuesta es homogénea en todo el país; lo diferente es el nivel de alerta. Esto es muy importante tenerlo claro.

¿Espera una mayor confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Estado desde el pasado martes, día en que Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones regionales?

Hay que dejar claro que el gobierno de la Comunidad de Madrid no sólo se ha enfrentado durante este tiempo al Gobierno, sino que lo ha hecho a las demás autonomías cada vez que se han acordado medidas contra la pandemia. Baste recordar el encuentro de Ávila entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La reunión pretendía acordar medidas de cierre perimetral y acabó, rueda de prensa incluida, con la presidenta de Madrid dejando, si se me permite la expresión, sin ropaje a los otros dos.

Hablemos de las elecciones del martes, ¿cree que se pueden extrapolar los datos al resto de España?

Este país es tremendamente diverso. No podemos hacer extrapolaciones. Si miramos a unas elecciones recientes, como han sido las catalanas, los resultados varían mucho por territorios. No es equiparable y cuando lo hace el PP denota el desconocimiento de la realidad plural de este país. Madrid es muy importante, por población y por lo que representa, pero no es el reflejo del total de país.

¿Considera que Gabilondo debe dar paso a otras personas en la Portavocía de la futura cámara madrileña?

Es algo que tienen que valorar los compañeros del partido. Es el momento del análisis y de reflexionar cómo llegamos a los ciudadanos. Las decisiones irán surgiendo. Gabilondo ha aportado valores, solvencia y respeto, aspectos que han ayudado mucho al PSOE. Es una figura muy querida y respetada por los socialistas. 

¿Habrá elecciones anticipadas en Castilla y León?

No lo sé, no estoy en la cabeza de Mañueco y es un tema que no me quita el sueño. En 2019 quien ganó las elecciones fue el PSOE y hubo una opción política, Ciudadanos, que ofreció cambio y que traicionó a sus votantes. Si hemos dicho que adelantar las elecciones en Madrid era inadecuado porque estamos combatiendo la pandemia, igualmente me parece inadecuado un adelanto electoral en Castilla y León, porque estaría orientado a una visión únicamente  partidista de la gestión política actual, tanto de la pandemia como de la propia Junta.

¿No se plantean, por tanto, unas primarias preventivas, a modo de las andaluzas?

Las primarias se programan cuando hay perspectiva o certeza de elecciones y en Castilla y León no estamos en esto, ni mucho menos. Tenemos un liderazgo en la figura de Tudanca. Ni intuyo ni deseo que haya adelanto electoral. No es el momento de hablar de estas cuestiones.

Parece que sale adelante en las Cortes de Castilla y León la comisión sobre las residencias. ¿Qué opina sobre la comparecencia solicitada desde la Junta de miembros del Gobierno de Sánchez en dicha comisión?

El PP demuestra que tiene poca intención y voluntad de explicar su gestión. Para dar explicaciones de la del Estado está el Parlamento nacional y las Cortes para hacer otro tanto en relación a la gestión de la Junta. Lo lamentable es que el PP lleve a cabo un uso tan burdo de las instituciones, minusvalorando al propio parlamento regional. Les pido que se ciñan al objeto de la comisión. Al PP le interesa el ruido, aun a riesgo de desprestigiar a una institución tan importante como son las Cortes de Castilla y León.

¿Cuál es su impresión sobre lo que ha ocurrido en las residencias de Castilla y León?

Esta pandemia nos pilló de nuevas. Nadie sabía cómo afrontarla. No me parece mal que esa comisión exista y se haga. Hay que subrayar que desde la Delegación siempre hemos colaborado y nos hemos ofrecido a la Junta para contribuir en la atención a las residencias con nuestros medios, incluidas las fuerzas armadas para, por ejemplo, desinfectar las instalaciones. Son centenares de intervenciones y esa parte de la gestión ha sido de total lealtad con la Junta. Además, ha habido una segunda parte, en olas posteriores, que ha consistido en la colaboración para formar a los gestores de los centros residenciales.

¿Para cuándo los efectos del convenio con la Junta sobre las ayudas covid para comercio y hostelería?

Se acaba de firmar entre Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Junta de Castilla y León. Se van a movilizar unos 460 millones de euros: la mitad llegan del Estado, el 35% lo pone la Junta y el 15 por ciento restante, los ayuntamientos. Hace falta que el gobierno autonómico desarrolle normativamente el acceso a estas subvenciones y no protagonice retrasos como el de los complementos de los ertes, que se aprobaron en abril y llegaron en diciembre de 2020. La Junta no se puede quejar de recursos puestos a disposición por el Estado. Valgan solo dos cifras, pero hay más: el fondo covid, con 843 millones de euros para Castilla y León; y ahora estas ayudas directas de 232 millones de euros, a la espera de la respectiva cofinanciación.

¿Qué nichos de inversión y desarrollo aprecia usted en Ávila como oportunidad de adhesión al Plan de Recuperación y Resiliencia?

El plan es muy amplio y ambicioso y depende de la iniciativa tanto del sector público como del privado. Hay un gran nicho de oportunidad en energías renovables y en electrificación del consumo energético, con la apuesta por comunidades energéticas que ofrezcan servicios, como pueden ser los propios ayuntamientos o las comunidades de propietarios. El otro vector importante es el de la digitalización, con infraestructuras de cobertura 5G y ciberseguridad, además de todo lo que tiene que ver con los propios medios tecnológicos: táblets, ordenadores en todos los ámbitos; sin olvidar la formación permanente de trabajadores y directivos.

Habla de colaboración público-privada, ¿influirán en ello los problemas del Diálogo Social?

Este asunto queda al margen de mis competencias, pero si quiere mi opinión he de decir que hemos vivido un cambio radical. En la época de Mañueco estamos viendo incumplimientos de acuerdos, y al respecto hay que recordar el de las 35 horas de los empleados públicos que firmó el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Me da igual el nombre, es la Junta y su presidente, el cual lo es a la vez del CES. Aunque cambien las personas, los pactos están para cumplirse, porque los firma una institución. Los encontronazos en el Diálogo Social son más que evidentes, hasta el punto de provocar comunicados conjuntos de la patronal y de los sindicatos en contra de la actitud de la Junta. Esto es inédito y me parece de una tremenda gravedad, porque el Diálogo Social es algo de lo que se presumía en la Comunidad.

¿Ávila será sede de la Escuela Universitaria de Policía?

La apuesta es clarísima, hubo comunicado, ratificándolo el propio ministerio. Lamento que el PP generé ruido, dudas e incertidumbres que le vienen de la propia época anterior del Ministerio, del Gobierno Rajoy, cuando algunos centros de formación se llevaron a otras partes del país. Tiene que ver con lo que hacía Jorge Fernández Díaz. El compromiso de este Gobierno con las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado está con la Escuela de Policía de Ávila, pero también de refuerzo, porque cada etapa del PP coincide con una pérdida de efectivos en el CNP y en la Guardia Civil. Desde que Rajoy entró y hasta que marchó de la Moncloa se perdió un 10% de los efectivos, que ya están casi en su totalidad recuperados en tres años de Gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, ocurrió igual con Aznar y se repusieron después con Rodríguez Zapatero. El PP, en esto, lecciones pocas. Y menos si entramos en cómo ha gestionado la propia policía, donde tenemos a un ministro investigado, en un careo con el propio secretario de estado de Seguridad en la operación Kitchen, que viene a decir que el PP ha utilizado las instituciones públicas para intentar destruir pruebas de corrupción que le vinculaban a Bárcenas. El PP, en estas cuestiones de la policía, lo que debería hacer es arrimar el hombro y apoyar al Gobierno en su compromiso con las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto, en particular en lo relativo a la Escuela de Policía. El de Carabanchel (en alusión a la actual academia de promoción interna de la policía, equivalente al centro universitario) fue un centro creado por Jorge Fernández Díaz en su momento. 

-¿Habrá peajes en las autovías? 

No es un debate nuevo ni en España ni fuera de España. Hay muchos países que cobran por el uso de las infraestructuras, con fórmulas muy diversas. En estos momentos, los territorios reclaman carreteras y autovías por valor de 30.000 millones de euros, cuando el ministerio de Fomento tiene apenas hueco para mil millones de euros en sus Presupuestos. Hace 40 años, apenas disponíamos de vías de alta capacidad y hoy tenemos cerca de 15.000 km. Hay que mantenerlas y es una reflexión necesaria. Por nuestro país pasan miles de camiones que no son españoles, y que están también provocando un desgaste en infraestructuras; nuestros transportistas pagan en otros países por esas infraestructuras y tenemos que preguntarnos cómo garantizamos el mantenimiento de la red de carreteras con la actual disponibilidad presupuestaria. Todos pagamos impuesto de rodaje en las ciudades; cada vez que compramos un billete de tren pagamos canon para el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias; por un billete de avión, parte de los aeropuertos; y también pagamos por las infraestructuras portuarias. Por las únicas que no se paga es por las vías y la red de alta capacidad. Cada vez va a ser más costosa, no solo por los años sino por la decisión del Gobierno de liberar de peajes duros de las autopistas de peaje según vayan venciendo las concesiones. Ese es el debate que se abre con una propuesta del Gobierno para 2024. Y no es un debate nuevo, porque además de que en otros países se haya implementado el cobro, el PP tenía estudios hechos antes de la moción de censura en la misma dirección. Le pido al Partido Popular un poco de responsabilidad y prudencia, y ya sé que es mucho pedir, pero esa es la realidad, que se acuerde de lo que tenía en los cajones cuando salió el ministro Iñigo de la Serna de Fomento. Los documentos están ahí.

Respecto a la A-40, un proyecto casi eterno para Ávila. ¿Hay algún avance?

El trazado está definido y debe ir desarrollándose en un futuro. Es una infraestructura y un proyecto de muy grandes dimensiones: una especie de gran super M-50 pasando por Toledo y llegando hasta Cuenca. Entre tanto, la dotación de infraestructuras de la provincia de Ávila, aun siendo mejorable, que lo es, es razonablemente buena en cuanto a su conexión con el resto del país, sobre todo a través de Madrid.