La diputada abulense Alicia García es la principal impulsora, dentro del grupo parlamentario popular en el Congreso, de la Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a aprobar «medidas urgentes y extraordinarias para personas o familias en situaciones de vulnerabilidad o exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus». Entre otras,  la creación de un Fondo Extraordinario no reembolsable que haga frente a la inversión realizada por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para cubrir las necesidades básicas de ciudadanos sin ingresos».

Según explica García, «la pandemia causada por la covid-19 ha generado nuevas situaciones de pobreza, con muchas más personas vulnerables y en exclusión social, que tienen su origen en la pérdida de empleo y los ERTE que ha acarreado el confinamiento decretado por el Gobierno para responder a la pandemia».

«Es una crisis», continúa la parlamentaria del PP, «que ha generado nuevos perfiles de usuarios de los servicios sociales y nuevas demandas. Durante estos meses son millones las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE. Son demasiadas las familias que se han visto sin nada de un día para otro, y han tenido que recurrir a ayudas para alimentarse, acudiendo a los servicios sociales municipales o a las entidades del Tercer Sector, como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos. Las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social han visto cómo se han multiplicado las peticiones de ayuda de urgente necesidad».

En este sentido, García recuerda que «Castilla y León ha destinado a las corporaciones locales un total de nueve millones de euros del Fondo Social Extraordinario para cofinanciar las necesidades sociales generadas por la crisis del covid-19».

La abulense considera además que «las autonomías necesitan conocer el escenario presupuestario y los porcentajes de déficit y deuda, para la reactivación económica y la recuperación del empleo, así como para proteger a los más vulnerables, mientras el Gobierno debería flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos que tienen superávit puedan destinar ese dinero a pagar los gastos generados por la pandemia, proteger a las personas más vulnerables, e impulsar la creación de empleo».