Alicia García reclama medidas para los más vulnerables

E.Carretero
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La abulense es la principal impulsora de la Proposición no de Ley que el Partido Popular ha presentado en el Congreso con propuestas urgentes y extraordinarias para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión por la crisis del covid-19

Alicia García reclama medidas para los más vulnerables - Foto: David Castro

La diputada abulense Alicia García es la principal impulsora, dentro del grupo parlamentario popular en el Congreso, de la Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a aprobar «medidas urgentes y extraordinarias para personas o familias en situaciones de vulnerabilidad o exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus». Entre otras,  la creación de un Fondo Extraordinario no reembolsable que haga frente a la inversión realizada por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para cubrir las necesidades básicas de ciudadanos sin ingresos».
Según explica García, «la pandemia causada por la covid-19 ha generado nuevas situaciones de pobreza, con muchas más personas vulnerables y en exclusión social, que tienen su origen en la pérdida de empleo y los ERTE que ha acarreado el confinamiento decretado por el Gobierno para responder a la pandemia».
«Es una crisis», continúa la parlamentaria del PP, «que ha generado nuevos perfiles de usuarios de los servicios sociales y nuevas demandas. Durante estos meses son millones las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE. Son demasiadas las familias que se han visto sin nada de un día para otro, y han tenido que recurrir a ayudas para alimentarse, acudiendo a los servicios sociales municipales o a las entidades del Tercer Sector, como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos. Las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social han visto cómo se han multiplicado las peticiones de ayuda de urgente necesidad».
En este sentido, García recuerda que «Castilla y León ha destinado a las corporaciones locales un total de nueve millones de euros del Fondo Social Extraordinario para cofinanciar las necesidades sociales generadas por la crisis del covid-19».
La abulense considera además que «las autonomías necesitan conocer el escenario presupuestario y los porcentajes de déficit y deuda, para la reactivación económica y la recuperación del empleo, así como para proteger a los más vulnerables, mientras el Gobierno debería flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos que tienen superávit puedan destinar ese dinero a pagar los gastos generados por la pandemia, proteger a las personas más vulnerables, e impulsar la creación de empleo».