El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una moción para que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara Alta inste al Gobierno «a no llevar a la práctica su propuesta de cobrar peajes por circular por las autovías españolas».
Los senadores del PP por la provincia de Ávila, Juan Pablo Martín, Sebastián González y Patricia Rodríguez, señalan en un comunicado que «la medida, en caso de llevarse a cabo, sin duda supondrá una afectación directa al derecho que, como ciudadanos, nos permite trasladarnos y circular libremente por todo el territorio de nuestro país».
Apuntan también que «ese derecho sin duda se vería mermado sobre esta red de más de doce mil kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que vertebran España y que, en virtud de tener que pagar por su uso, pasarían a tener una consideración mucho más cercana a la de los tres mil kilómetros que conforman la red adicional de autopistas».
Los populares señalan además el rechazo social que ha generado la intención del Ejecutivo, entre el que destaca el de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que incide en que «este tipo de medidas no sólo no reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades».
Martín, González y Rodríguez recuerdan que el sector del transporte supone el 8,5 por ciento del PIB nacional y genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que «da una idea de su alcance socioeconómico y que implicaría una cascada de quiebras provocadas por esta medida, especialmente si lo ponemos en relación con otro dato muy revelador, como es que el 85 por ciento de las mercancías de todo tipo que se mueven en nuestro país lo hacen por carretera».
La posición contraria del PP se fundamenta también en que la medida «se quiere adoptar unilateralmente por el Ejecutivo, sin consenso ni diálogo previos con el sector del transporte, ni mucho menos con las distintas fuerzas políticas, pese a que fue el propio ministro del ramo el que anunció hace dos años la creación de una subcomisión para tratar esta cuestión, órgano que ni siquiera ha llegado a constituirse ni a reunirse».
Asimismo, matizan que «estamos hablando de infraestructuras de comunicación que ya están construidas y en servicio, es decir, que no se precisa de financiación externa para su ejecución, como ha pasado tradicionalmente con las autopistas, en las que, por dicha razón, la figura del peaje sí está justificada».
Por último, consideran que las autovías «son infraestructuras que, por definición, son públicas y gratuitas, entre otras cosas porque ya las hemos pagado los españoles con nuestros impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado que han permitido su construcción, de modo que bajo ningún concepto debemos pagar dos veces -o más bien muchas- por lo mismo».