El Consultivo pide una "explosión" de recursos por la covid

SPC
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Sánchez de Vega avisa de las consecuencias de trasladar a los tribunales administrativos de contratos públicos

Sánchez de Vega. - Foto: Ical

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, reclamó hoy a las Cortes una mayor sensibilidad presupuestaria para la institución, que también es Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, para hacer frente al incremento previsible de la actividad derivada de la pandemia del COVID-19.

Sánchez de Vega, que compareció ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, para presentar la Memoria Anual de 2019, indicó que se producirá un “aluvión” de reclamaciones patrimoniales en materia de sanidad y una “explosión” de recursos por la ejecución de contratos suspendidos.

Además, explicó en declaraciones recogidas por Ical que la institución posee determinadas particularidades, siendo la que cuenta con las más amplias atribuciones que se le confieren a un órgano de este tipo en España, menos consejeros, un número comparativamente reducido de empleados públicos, y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias.

Al respecto, el presidente del Consultivo advirtió de las consecuencias que podría tener la decisión de dejar en manos de los tribunales administraciones determinadas reclamaciones contractuales para evitar el "colapso" de la justicia. Por ello, reclamó contar con otra serie de ingresos.

También aprovechó para reclamar "más letrados" y, puso el acento, en la necesidad de contar con una mayor dotación de personal especializado, debido a la complejidad de la materia que tiene el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Además, advirtió de que los coches de la institución tienen "muchos años" y kilómetros.

Finalmente, Sánchez de Vega explicó que la institución posee determinadas particularidades, siendo la que cuenta con las más amplias atribuciones que se le confieren a un órgano de este tipo en España, menos consejeros, un número comparativamente reducido de empleados públicos, y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias.