Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado presuntamente dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago y vídeos bajo demanda que daba servicio a alrededor de 20.000 clientes. El resultado ha sido la detención de 12 personas y 13 entradas y registro en domicilios e inmuebles de diferentes provincias, entre ellas Ávila, además de Madrid, Toledo, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid, entre los que se encontraba un local comercial destinado a la venta y comercialización de servicios de televisión e Internet.
Según fuentes de la Policía Nacional, cuatro de los 12 detenidos estaban encargados de la obtención de la señal televisiva y su posterior difusión ilegal, daban publicidad al servicio que prestaban, captaban clientes, facilitaban y gestionar sus accesos y realizaban los cobros. Como resultado de esta operación se han cerrado siete páginas web y dos perfiles en redes sociales donde se anunciaban los servicios ilícitos. Además se han intervenido 86 decodificadores de señal de televisión, 15 discos duros, diez ordenadores, 17 teléfonos móviles, un vehículo de alta gama, dos servidores NAS y 22.919 euros en efectivo.
Fruto del patrullaje activo en redes sociales por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, en el año 2017 se detectó una página de Facebook que en ese momento contaba con más de 1.700 seguidores y en la se ofertaba el acceso a canales de televisión de pago y vídeos bajo demanda de manera ilícita.
La actividad desarrollada por el grupo consistía en la obtención legal de la señal emitida por parte de las principales plataformas de televisión de pago, para posteriormente subir fraudulentamente esa señal a servidores en el extranjero de diferentes compañías. A su vez desarrollaban una actividad paralela destinada a dar publicidad a sus servicios, difundiendo sus ofertas y captando clientes, a los que facilitaban el acceso a los contenidos alojados en los servidores a un precio muy inferior al de mercado.
todo un entramado. Las gestiones realizadas permitieron identificar a los 12 miembros que formaban el entramado investigado y que se encontraban divididos en dos niveles. Un primer escalón formado por cuatro personas encargadas de la obtención de la señal televisiva y su posterior difusión ilegal, dar publicidad al servicio que prestaban, captar clientes, facilitar y gestionar sus accesos, así como cobrarles, principalmente a través de plataformas digitales de pago. Un segundo nivel estaría formado por ocho miembros denominados revendedores, cuya principal actividad consistía en adquirir los servicios integrantes del primer nivel a un coste reducido para posteriormente comercializarlos entre sus clientes.
El número total de clientes de la organización desarticulada asciende a 20.000 en España y otros países, que les habría reportado un beneficio económico superior al millón de euros, con una inversión en soporte técnico que habría ascendido a cerca de 70.000 euros.