Los afectados en Castilla y León por el cártel europeo de fabricantes de camiones han presentado ya 1.330 demandas que implican a más de 3.497 camiones adquiridos con sobreprecio entre los años 1997 y 2011. Estos expedientes son gestionados por el despacho CCS Abogados, que se encarga en España de unas 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes por más de 34.000 vehículos, según una información a la que ha tenido acceso Ical.

En ese sentido, fuentes del bufete explicaron que las pruebas periciales permiten calcular que la indemnización estipulada sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años del cártel (y sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo), podría situarse en torno a una media del 16,35 por ciento del precio original.

Por ello, estiman que las indemnizaciones totales a los afectados en España podrían superar los 700 millones de euros. En el caso concreto de Castilla y León son 1.330 procedimientos que implican a más de 3.497 camiones adquiridos con sobreprecio entre los años 1997 y 2011. Por provincias, Segovia contabilizó 289 denuncias para 903 vehículos; Valladolid, 245 para 825; Soria, 171, para 480; Palencia, 169, para 346; Zamora, 124, para 217; Ávila, 119 para 218; León, 99 para 198; Salamanca, 93, para 275, y Burgos, 21, para 35.

La prueba pericial aportada por CCS Abogados, que se ha realizado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos. “El resultado de casi dos años de arduo trabajo jurídico y, sobre todo, logístico y pericial nos permite situarnos ante el tablero que tenemos delante con prudente optimismo”, afirmó Miguel Caamaño, socio de CCS Abogados.

Este proceso legal se inició en 2016 cuando la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Esta última se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel.

La sanción fue impuesta por Bruselas al grupo de fabricantes por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997-2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.

En abril de 2017, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) abrió un concurso entre bufetes de abogados nacionales e internacionales con el fin de elegir la firma que prescribirían a sus asociados para instar la reclamación frente a los fabricantes. Al mismo se presentaron 18 despachos y cinco fondos de inversión extranjeros. El 1 de junio de 2017, anunció que la firma elegida era la española CCS Abogados por su cualificación, excelencia profesional y modelo planteado.

Al reto jurídico que suponía el caso, se sumó el desafío de gestionar un elevado número de reclamaciones en las que resultaba determinante comprobar los documentos necesarios para tramitar las solicitudes y elaborar las periciales (el volumen inicial rondaba los 380.000 documentos, sólo para la puesta en marcha de expedientes).

CCS Abogados decidió diseñar una herramienta tecnológica propia que permitiese gestionar tan complejo proceso de reclamaciones, en tiempo y forma, y con la mayor celeridad posible debido a los ajustados plazos marcados para las reclamaciones. Para ello, presentó la plataforma Truck Data Intelligence (TDI), que permitía una innovadora fórmula de gestión de proyectos.

Finalmente, recordaron que los tribunales alemanes especializados en derecho de la competencia han dictado durante 2018 las primeras sentencias, siendo ocho de las nueve falladas hasta el momento favorables a los demandantes.

En España, los afectados deberán recorrer un camino que comenzará en los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y presumiblemente acabará en las audiencias provinciales, sin descartar que algunos casos puedan llegar finalmente al Tribunal Supremo. Otros bufetes ya han presentado demandas y ha salido alguna sentencia desestimatoria debido a los defectos que presenta la prueba pericial que se ha usado.

“La tardanza en la presentación de las demandas tramitadas por CCS Abogados, respecto de otros bufetes, ha obedecido a la gran complejidad de la prueba pericial debido la ingente cantidad de datos de precios de venta de vehículos que era necesario tratar y analizar para poder llegar a los resultados obtenidos. Para tener una mayor fiabilidad, estos resultados también han sido contrastados y confirmados por los resultados obtenidos por otros equipos periciales que actúan en diferentes países europeos”, afirmó Jaime Concheiro, socio de CCS Abogados.