La Audiencia deja en libertad a los últimos CDR detenidos

EFE
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Jordi Ros abona 30.000 euros para salir de prisión y Germinal Tomàs, 15.000, aunque deberán cumplir otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España o comparecer semanalmente en el juzgado

Momento en el que las fuerzas de seguridad empezaron a ejecutar la 'operación Judas'. Archivo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha firmado la puesta en libertad de los dos últimos miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que quedaban en prisión provisional investigados por terrorismo, Jordi Ros y Germinal Tomàs, que han depositado fianza.

Según informan fuentes jurídicas, en el caso de Tomàs ya constaba consignada la caución de 15.000 euros que se le ha impuesto y la de Ros se ha aportado esta misma mañana, cuando García Castellón ha acordado que pudiera eludir la prisión previo pago de 30.000 euros.

Ambos saldrán así en las próximas horas de la cárcel de Soto del Real en la que permanecen desde que fueron detenidos en septiembre de 2019 investigados como pertenecientes a una facción de los CDR con fines terroristas, en el marco de la Operación Judas.

Las imputaciones sobre ellos se mantienen, igual que sobre los otros cinco que igualmente fueron detenidos y han ido abandonando la prisión provisional bajo fianza y con medidas cautelares. El magistrado ha primado su situación de arraigo social y familiar para adoptar sobre ellos medidas de control menos gravosas que la cárcel.

 

La Fiscalía se opuso a su libertad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la puesta en libertad de los dos últimos CDR que permanecían hasta ahora en prisión.

Fuentes de la Fiscalía han señalado que informaron al juez en contra de la petición de libertad formulada por las defensas de ambos, si bien han anunciado que no tienen previsto recurrir la decisión de García Castellón por considerar que no prosperaría ni ante él ni ante la Sala de lo Penal.

Para acordar las fianzas, García Castellón ha tenido en cuenta el arraigo familiar, laboral y social de ambos, así como la situación en que se encuentra la investigación, y considera que con ello y las medidas cautelares que deberán acatar tras salir de prisión -comparecencias semanales, entrega del pasaporte y prohibición de salir de España- y que de no cumplir supondría su vuelta a la cárcel, queda aminorado el riesgo de fuga.