Ocho docentes que imparten clase en centros educativos abulenses necesitaron ayuda, apoyo y orientación después de sufrir situaciones de conflictividad y violencia en las aulas por parte de sus alumnos durante el curso 2017-2018. Así lo revela el último informe del Defensor del Profesor, servicio de atención inmediata para los maestros y profesores que vivan ese tipo de situaciones y que presta de forma gratuita el Sindicato ANPE.

Esos ocho casos de acoso al profesorado constituyen la cifra más alta registrada por el Defensor del Profesor en la provincia de Ávila de los últimos tres cursos escolares, después de que en el curso 2016-2017 recibiera dos peticiones de ayuda y atención y el anterior fueran siete los docentes que recurrieron a este servicio en busca de apoyo y orientación.En el conjunto de Castilla y León, el Defensor del Profesor prestó este tipo de orientación a un total de 74 docentes, por lo que los ocho casos de la provincia de Ávila representan casi un 11% del total. Buena parte de los profesores que han recurrido a este servicio de orientación y apoyo especializado después de haber sufrido algún tipo de acoso por parte del alumnado acabó sufriendo ansiedad, también se han dado casos que han requerido, incluso, de una baja médica y, en menor medida, llegaron a padecer una depresión derivado de la complicada situación vivida. Ante esta situación, que va a más cada curso, el sindicato ANPE reivindica la reactivación del Observatorio sobre la Convivencia Escolar; un programa de prevención del acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas; un plan específico de formación del profesorado; asistencia psicológica gratuita a los profesores agredidos; reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso; el compromiso, por parte de la Administración, para el tratamiento rehabilitador de los alumnos agresores, así como la obligación de los equipos directivos de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como a la Fiscalía, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito.