La Federación de Servicios Públicos de UGT de Ávila, a través de su presidente, José Carlos Pajares, denunció este jueves el “intento” de la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación Provincial, Sacyr Social, de “hacer que sus 440 trabajadoras asuman sus pérdidas provocadas por la covid-19 en esta provincia”.
“Es indignante que las trabajadoras que asumieron acudir a su puesto de trabajo sin prácticamente equipos de protección, para no dejar desatendidos a los usuarios del servicio, vayan ahora a tener que pagar de sus sueldos las pérdidas de su empresa”, afirmó Pajares, quien explicó que la fórmula utilizada por la empresa es “realizar descuentos de su bolsa de horas para que asuman ellas las pérdidas”..
Para comprender el problema, según expuso el dirigente sindical, “tenemos que remontarnos al inicio de la epidemia en los meses de febrero y marzo, cuando estas trabajadoras tuvieron que seguir acudiendo a sus trabajos sin la mínima protección, simplemente porque en ese momento había una escasez total de equipos”.
“La Diputación asumió el coste total del servicio en su momento pero muchos usuarios se dieron de baja por miedo a contagiarse y esto hizo que el copago que asumen estos usuarios no se hiciera efectivo. Así que la Diputación pagó un 83% de todo el coste y la empresa perdió un 17% del dinero que recauda por el copago de los usuarios”, explicó Pajares, quien indicó que “la solución que pretende aplicar al parecer la empresa es descontar a las trabajadoras de su bolsa de horas un 17% para resarcirse de las pérdidas. Una solución que ha sido comunicada a Diputación y, según nos comentan, esta no ha mostrado su descontento, por lo que la empresa ha entendido de modo unilateral que estaba totalmente legitimada para realizar esta fechoría”.
“Pongamos una plantilla de aproximada de 440 trabajadoras, que generan una bolsa global de más de 12.000 horas por encima de sus contratos hasta el mes de septiembre. Con descontar 2.500 horas de ese saldo, la empresa se ahorraría unos 18.000 euros que es más o menos la cantidad que ha dejado de ingresar. Esta sucia jugada es la que presuntamente pretende realizar Sacyr Social con la complicidad intrínseca de la Diputación Provincial de Ávila”, señaló José Carlos Pajares, quien subrayó que “en UGT no entendemos como es posible que las administraciones públicas sigan tolerando estos elementos parásitos del sistema cuando pueden gestionar ellas directamente el servicio, puesto que disponen de todo lo necesario” y apuntó que ya han denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo y “si no se resuelve, nos veremos obligados a convocar concentraciones, manifestaciones e incluso la huelga de las auxiliares de ayuda a domicilio”.
Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Sacyr Social, Rocío Díaz Zurdo, aseguró que están “en condiciones precarias, con contratos a tiempo parcial y un salario medio que oscila entre los 300 y los 500 euros” y remarcó que “nosotras no tenemos por qué asumir el riesgo de la empresa por el copago de los usuarios”. Por ello pidió a las administraciones “compromiso con los derechos de las personas, de los usuarios y de las auxiliares de ayuda a domicilio, que hemos estado al pie del cañón durante la pandemia”.