La regulación de la teleasistencia avanzada inicia su tramitación en las Cortes, tras ser tomada en consideración sin votos en contra y con el 'sí' de PP, Ciudadanos, Vox, Por Ávila y UPL. PSOE y Podemos respaldaron la eliminación del copago para lo usuarios, pero se abstuvieron por sus dudas sobre la iniciativa de ‘populares’ y ‘naranjas’.

En ese sentido, la propuesta de ley, que modifica la Ley de Servicios Sociales (2010), no convenció a PSOE y Podemos, que denunciaron las dificultades que tendrá la teleasistencia para implantarse en el medio rural y la pérdida de autonomía para las entidades locales, puesto que se gestionará mediante un contrato único para toda la Comunidad.

La norma regulará este servicio, su planificación, dirección y establecimiento de criterios comunes, además de la financiación necesaria, pues la Junta asumirá el coste del contrato único previsto, unos cuatro millones de euros. Se pretende, de esta manera, garantizar la igualdad en el acceso y contenido de la teleasistencia en toda la Comunidad.

Además, plantea un contrato único que permitirá reorganizar las infraestructuras de prestación del servicio integrando recursos, optimizando costes y homogeneizando los contenidos en todo el territorio. También, garantiza a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento.

El ‘popular’ Miguel Ángel García Nieto subió a la tribuna a dar “una buena noticia” pues aseguró que la Comunidad da un “gran salto” al regular e implantar la teleasistencia avanzada en un territorio afectado por el envejecimiento y la dispersión rural. Por ello, aseguró este es un servicio “ideal” y “esencial” para la atención “no presencial” en el domicilio de personas mayores.

García Nieto destacó que la teleasistencia ofrece más posibilidad de atención con el desarrollo de la tecnología, que permite ser más personalizados y predictivos. Destacó las 13.500 llamadas semanales a los usuarios durante la pandemia del COVID-19. “No han estado solos”, dijo en declaraciones a Ical.

Por ello, remarcó que regula y planifica esta alternativa para garantizar la igualdad y la gratuidad del servicio, que se basará en comunicaciones automáticas para detectar incendios, escapes de gas o inundaciones, para anticiparse a situaciones de riesgo. Su puesto en marcha se hará mediante un contrato único, financiado íntegramente por la Junta, con un desembolso anual de cuatro millones. Además, señaló que ahorrará 1,7 millones a los usuarios y más de 640.000 euros a las entidades locales.

En representación de Ciudadanos, María Teresa Gago, consideró necesario facilitar el servicio de teleasistencia para que aquellos que lo deseen puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. Ahora, recordó que funciona a través de la línea telefónica, pero señaló que el COVID-19 obliga a revisar y mejorar los servicios sociales, puesto que durante el confinamiento fue indispensable para llevar a cabo acciones coordinadas entre Sanidad y Servicios Sociales.

La modificación, dijo, garantizaría la igualdad en el acceso y el contenido de la teleasistencia, que ahora prestan los ayuntamientos a través del copago del usuario y la financiación que aportan la Junta y las entidades locales. Con el cambio, recordó beneficiará a los ayuntamientos, se progresa hacia un servicio avanzada y se elimina la aportación de los usuarios, que también recibirán nuevos servicios, como las llamadas proactivas.

Trampantojo

La socialista Nuria Rubio tachó la propuesta de “trampantojo” y denunció el “yo invito y tú pagas”, tras recordar que se copia el modelo del Gobierno, que recordó contempla más de 700 millones en los nuevos presupuestos del Estado. Además, aseguró que la Junta pretende recortar competencias en servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones. “No se dejan ayudar y así les va”, dijo.

En su opinión, hay que tener “mucha cara” quitándoles la competencia y dejándoles sin margen para resolver los problemas que surjan y consideró sospechoso la intención de centralizar en un único contrato la prestación, por que dijo: “Ustedes no son de fiar”. Además, planteó un contrato marco o una única plataforma para ofrecer servicios homogéneos.

De la misma forma, preguntó cómo se hará si en algunos pueblos no existe cobertura y donde llegue, indicó que se elimina el copago, pero planteó quién abonará la conexión a la red. También indicó que los ayuntamientos tienen avanzada los contratos de la teleasistencia y la ayuda a domicilia, pero ahora se les restringe un servicio, que apuntó es el único que no es deficitario. “Vienen a hacer negocio”, dijo.

También señaló que esta proposición de ley intenta evitar el control de los organismos autónomo, la audiencia de las entidades locales y la participación ciudadana y la transparencia. Insistió en que limita a los grupos la capacidad de introducir cambios.

Sin cheque en blanco

La parlamentaria de Podemos Laura Domínguez apoyó la eliminación del copago en la teleasistencia, pero se preguntó en que situación quedan los usuarios del mismo, que no tienen reconocida la dependencia. Además, señaló que se generan dudas al modificar dos artículos en los que se mantiene como competencia de la Comunidad, pero la gestión recae en las entidades locales, que sin embargo no podrán decidir.

Aseguró que está en juego si se da autonomía para decidir sobre el servicio de teleasistencia avanzada, pues además apuntó que se prevé un contrato único. Sobre la adjudicación de dicho contrato único, planteó cuáles van a ser los criterios, qué se va a exigir y en qué condiciones van a estar los trabajadores del mismo. “Tiene bastantes clarooscuros”, sentenció. “No les vamos a dar un cheque en blanco”, sentenció.

Además, en mayo de 2019, recordó que la Junta dictó una orden para regular la teleasistencia de manera integral, mediante un acuerdo del diálogo social, con el apoyo de las entidades locales. Sin embargo, señaló que ahora el Gobierno autonómico quiere imponer el “contrato único”, algo que dijo genera dudas a los ayuntamientos y diputaciones provinciales. De esta forma, se preguntó qué sucederá con los usuarios de ese servicio que no tienen reconocida la dependencia y planteó si se quedarán fuera de la gratuidad.

Fantasmas

García Nieto aclaró a la parlamentaria de Podemos que es el “colmo” que pidan durante muchos años la gratuidad del servicio y “cuando se les da”, protesten. El ‘popular’ señaló que los socialistas ven “fantasmas donde no los hay” en el contrato único y puso en cuestión en el Plan de Recuperación del país e indicó que podría ocurrir como con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

María Teresa Gago respondió a Podemos y PSOE que la Junta descargará a ayuntamientos y usuarios del copago y defendió avanzar en la proactividad, porque hay provincias donde son los usuarios los que llaman y en otras es el servicio el que se anticipa. A su juicio no se limita la autonomía local, sino la del usuario y defendió aprovechar las nuevas tecnologías, mediante sensores, para evitar situaciones de riesgo.