La Comunidad de Madrid va a eliminar el plazo de espera de 24 horas establecido por normativa para el traslado de cadáveres fuera de la región, con el objetivo de que «las familias puedan velar a sus seres queridos en el lugar de su elección, como ocurre principalmente con la localidad de nacimiento». Desde el gobierno regional madrileño calculan que alrededor de 7.000 familias se podrían beneficiar anualmente de esta medida que viene a dar respuesta a una antigua reivindicación de los abulenses.

Así lo ha anunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de una nota de prensa en la que informa que la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública de esta región «está concluyendo los trámites administrativos para modificar la normativa que regula el sector de servicios funerarios», es decir, el Reglamento de Sanidad Mortuoria, recogido en el Decreto 124/1997, de 9 de octubre. En este comunicado se informa que está previsto que esta modificación entre en vigor «a lo largo del próximo año».

La eliminación del tiempo de espera de 24 horas previo al traslado del cadáver surge, explican desde el gobierno regional madrileño, «para dar respuesta a la demanda social manifestada en este sentido, tanto por parte de particulares como de las empresas funerarias». De esta manera, señalan, «se adecuará la normativa a la realidad actual del sector». En este sentido, se eliminarán requisitos «que carecen actualmente de justificación por motivos de protección de la salud pública, para respetar y apoyar en la medida de lo posible la voluntad de las familias».

En paralelo a la eliminación del plazo de 24 horas, también se «agilizarán los trámites administrativos para el traslado del cadáver al sustituir la actual autorización por una comunicación previa, salvo en el caso de los cadáveres que pudieran suponer un riesgo sanitario».

En la tramitación de esta iniciativa han participado «las principales asociaciones del sector y los colegios profesionales, a través del trámite de consulta y audiencia pública, y ha sido informado favorablemente por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, «considerando que beneficia los intereses de los consumidores madrileños».