El Partido Popular llevó este martes a las Cortes Regionales una proposición no de ley en defensa de la caza y en respuesta a unas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, en las que al parecer se mostraba partidaria de prohibir la actividad cinegética que en el caso de Castilla y León representa «el 0,8 por ciento del PIB regional», tal y como aseguró en rueda de prensa el procurador popular por Ávila, José Manuel Fernández Santiago, que recordó que después del fútbol y el baloncesto la caza es «el tercer deporte con más número de licencias».
«Esta actividad tiene una extraordinaria importancia en Castilla y León y en Ávila», defendió el procurador abulense a la hora de dar a conocer esta proposición con la que el PP busca instar al Gobierno de España para que «reconozca el valor estratégico de la actividad cinegética en Castilla y León y que se trata de una actividad tradicional muy arraigada que garantiza el estado de conservación de las poblaciones sobre las que se practica contribuyendo de ese modo a la biodiversidad». Defendió asimismo Fernández Santiago que la caza crea empleo en el medio rural y por tanto fija población en los pueblos, a la vez que contribuye a «paliar los daños generados por la actividad agraria y ganadera y a combatir las enfermedades de las ganaderías», a la vez, dijo, que evita «en gran medida la siniestralidad de tráfico» por presencia de animales en la vía.
Por ese motivo, los populares piden al Gobierno que «publique de forma urgente la estrategia nacional de gestión cinegética» y que convoque a las comunidades autónomas y a los sectores de referencia para «impulsar la práctica de la caza» que si se ejercita «de manera racional y ordenada y de forma sostenible permite el equilibrio en nuestras zonas naturales», defendió el popular.
Además de ésta, también defendieron los populares otra proposición no de ley, en este caso conjunta con PSOE, Cs y el Grupo Mixto, contra la bajada de seis euros por tonelada de azúcar de las fábricas de Azucarera de Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro, lo que supone una ruptura del Acuerdo Marco Interprofesional, tal y como apuntó el procurador popular abulense Vidal Galicia. Esta PLN buscaba «instar a la Junta para que requiera al Gobierno a que adopte medidas» y para que «analice la situación con el sector productor y la industria de cara a realizar una estrategia conjunta», así como para que este problema «se traslade y debata» en Europa, apuntó Galicia, que recordó que esta situación puede suponer «un perjuicio muy fuerte en un sector que ya está afectado».