El Colegio de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Colef) de Castilla y León reclama la necesidad urgente de que la actividad físico-deportiva se considere como esencial, en el marco de la prolongación de las medidas restrictivas puestas en marcha por la Administración regional para contener la pandemia «y en las que no solo el sector, sino la propia ciudadanía, tal y como estiman, está sufriendo las consecuencias».
Desde el colectivo de colegiados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Castilla y León defienden «su máxima cualificación profesional para dirigir, supervisar y evaluar la práctica del ejercicio físico, reconocido como un derecho fundamental, así como su rol acreditado por el Ministerio de Sanidad para colaborar en la prevención y protección de la salud de manera general y en particular en el caso de la covid-19 y las enfermedades relacionadas».
De hecho, argumentan, más allá de estudios que confirman que la inactividad física es un grave problema de salud pública, que el ejercicio físico regular mejora el pronóstico de 26 enfermedades crónicas, disminuye un 31% el riesgo de enfermedad infecciosa adquirida y puede aumentar la respuesta inmunitaria ante la vacunación, además de reducir la hospitalización por COVID-19, explican en un comunicado recogido por Ical.
En este escenario, y a la espera de la revisión por parte de la Junta de las restricciones que concluyen el martes 23, denuncian cómo los educadores físico-deportivos «han visto su profesión cuestionada a pesar de informes contrastados de incidencia baja de coronavirus por la práctica de actividades deportivas». Sostienen que, a pesar de haberlo solicitado, no conocen los detalles sobre el desglose de contagios incluidos en el apartado ‘actividades deportivas’ de los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAE).
A través de su ‘Manifiesto por una actividad físico-deportiva esencial’, Colef subraya la importancia de esa información para la toma de decisiones y exigen que las medidas de restricción se basen en «sólidas evidencias científicas sobre contagios». Su objetivo es que toda práctica físico-deportiva supervisada, independiente del ámbito (federado o no), se trate bajo los mismos parámetros. Consideran determinante que desde la Junta se definan perfectamente las directrices e inspecciones adecuadas.
Con todo, en el marco de su propia iniciativa de colaboración con la Administración autonómica para evitar casos de incumplimiento de normas de contención de la covid-19, de intrusismo y de competencia desleal, solicitan que en el actual nivel 4 de alerta sanitaria se permita la práctica físico-deportiva en centros deportivos, gimnasios y otras instalaciones en las que se presten servicios físico-deportivos. Siempre, puntualizan, de acuerdo a condiciones de prescripción médica, supervisión por parte de titulados e individualidad en el servicio prestado sin la necesidad de ser centro sanitario.
Igualmente reivindican que la Junta de Castilla y León garantice la prestación de servicios de ejercicio físico por parte de educadores colegiados a personas de especial atención, sobre todo, aquellos que se encuentren bajo prescripción médica.
Piden además que se faciliten espacios públicos a todos los educadores físicos deportivos que ante determinados niveles de alerta no puedan prestar sus servicios de ejercicio físico, al igual que se ha realizado con las terrazas en el sector hostelero. También exigen que se proporcione un certificado oficial para la práctica del ejercicio físico supervisada en los casos que sea necesario acreditar el desplazamiento y que pueda ser entregado por los educadores físico-deportivos.
Como sector económico relevante, según el informe 'Termómetro del Ecosistema del Deporte en España' de noviembre de 2020 representa el 3,3 por ciento en el PIB y genera 414.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 2,1 por ciento de la población ocupada, concluyen la necesidad de compensaciones económicas específicas adaptadas en tiempo y forma a cada caso ya que la suspensión de la actividad va a provocar el cierre de centros deportivos y el aumento del paro.