La Junta confirma que el ARU de la Cacharra sigue su curso

Redacción
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El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, anuncia en una reunión en la que estuvo el presidente de Fecopa, Ladislado García, que se mantiene el Plan de Vivienda 2018-2021

La Junta confirma que el ARU de la Cacharra sigue su curso - Foto: David Castro

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, confirmó el compromiso del gobierno autonómico con las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y en el transcurso de una reunión por videoconferencia recordó que tanto las áreas de regeneración y renovación urbana (ARUs), entre ellos el que está previsto llevar a cabo en el barrio La Cacharra-Seminario de la capital abulense, como las líneas de subvenciones a la rehabilitación, siguen su curso de acuerdo con el marco financiero del Plan de Vivienda 2018-2021.
Suárez Quiñones estuvo en esta reunión acompañado por miembros de su equipo, y además de la presencia del presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el presidente de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción, Javier Vega, también se contó con la de los 9 presidentes provinciales, entre ellos Ladislao García Segovia, presidente de FECOPA (Federación de Empresas de la Construcción y Obras públicas de Ávila), del presidente de la Cámara de Contratistas y de la gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León.
En relación con el ARU, el Consejero ha recordado que la Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de septiembre una subvención por importe de 11,4 millones de euros para la rehabilitación de 781 viviendas en diferentes ARUs distribuidas por distintas provincias de la región. Con esa última cifra, se habrán movilizado desde 2018 un total de 101,9 millones de euros a esta actividad que supone un claro apoyo e incentivo para la construcción.
congreso en ávila. El consejero ha informado también de la intención de mantener las líneas de apoyo a los proyectos de rehabilitación edificatoria. En concreto, se ha referido a las dos convocatorias que cada año se publican tanto para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas (dotada con 1,7 millones), como la destinada a la conservación y accesibilidad (dotada con otros 2,8 millones).
 Sobre estas últimas ha tenido la ocasión de informar que la convocatoria para este año 2020 estaba prevista para el pasado mes de marzo pero la suspensión de plazos derivada del estado de alarma, ha impedido su publicación.
Por último, relacionado también con la rehabilitación, el consejero ha mantenido el compromiso de celebrar en Ávila el III Congreso ITE+3R posponiéndolo al momento en que las circunstancias que rodean al coronavirus lo permitan.
La Junta ha mostrado la voluntad de mantener los compromisos adquiridos en el ámbito de la construcción, la obra pública y la inversión productiva, condicionados por el marco económico aún indefinido derivado de la pandemia por el coronavirus, que ocasiona incertidumbres en ingresos y gastos aún no despejadas. Un apoyo por la obra pública y privada y por el empleo que genera la construcción, clave en la recuperación y reconstrucción tras el COVID-19.
La adopción de medidas de agilización de procedimientos y simplificación de trámites administrativos; la sustitución de la figura de licencia previa por declaración responsable en determinados ámbitos; la modificación de la Ley de Urbanismo en aspectos como la densidad de construcción, el índice de la variedad de usos, y otros; la improcedencia de la tasa de inspección y dirección de obra; la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas como una oportunidad esencial para la actividad económica del sector de construcción, son algunos de los temas analizados en la reunión, abordándose compromisos y clarificando cuáles son las actuaciones y previsiones al respecto de la Junta.
En este sentido, por el consejero de anunció que se está estudiando la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para adaptarla, dentro de los parámetros que permita la legislación básica estatal y la normativa europea, a las necesidades que la realidad económico social de la Comunidad impone.