La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila aprobó días pasados el reclamar cerca de 215.000 euros a la empresa constructora de la nueva piscina cubierta de la zona sur, Castellano Leonesa de Medio Ambiente SL, por diferentes conceptos derivados de la decisión alcanzada por ambas partes de rescindir el contrato para la construcción de dicha infraestructura.
Con los votos a favor de Por Ávila y Ciudadanos, la abstención del PPy el voto en contra del PSOE, el órgano de gobierno municipal aprobó la decisión de que «Castellano Leonesa de Medio Ambiente SL deberá reintegrar a las arcas municipales el importe correspondiente a los acopios certificados y abonados que no constan puestos a pie de obra en la actualidad ni vinculados de manera efectiva a la ejecución material de la misma lo que, según informe técnico evacuado al efecto se cifra en 214.284,85 euros».
Además, también se determinó que la empresa «asume a su cargo la retirada y gestión de las tierras procedentes de las labores de excavación para la ejecución de las obras» depositadas en dos parcelas por petición municipal «así como la reposición de los terrenos al estado en que se encontraban con carácter previo a dicho depósito, estableciéndose como referencia a tal fin la cantidad de 81.829,72 euros», y en cuanto a la relación económica entre empresa y Ayuntamiento, se concluye con el acuerdo de que ambas partes «pactan y consienten que, efectuada la comprobación y medición de las obras realizadas, se constata que faltaban unidades no valoradas en el proyecto dentro de las partidas ejecutadas por la constructora, con arreglo al proyecto y considerando las reclamaciones efectuadas por aquella cifradas en 56.907,88», lo que «no conlleva un saldo a favor del contratista ni existe saldo deudor a favor de la Administración contratante, sin perjuicio del abono resultante de la última certificación mensual».
Además de estas cuestiones de dinero, desde la Junta de Gobierno también se aprobaron otra serie de medida que las empresa Castellano Leonesa de Medio Ambiente debe cumplir, tales como «poner a disposición del Ayuntamiento de manera gratuita y sin coste la documentación técnica que posea vinculada al estudio de la obra» y «hasta que se formalice el nuevo contrato quedará obligada plenamente y a su cargo, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno o la ruina de lo construido, durante un plazo máximo de 6,5 meses contados a partir de la firma del acuerdo de resolución de contrato».
Entre esas medidas se encuentran las necesarias de seguridad «para impedir el acceso a todo el recinto de la obra a toda persona ajena o no autorizada a la misma», «retirar la maquinaria existente en el recinto para evitar su deterioro y «posibles sustracciones», realizar labores de «vigilancia y control periódico de la obra» y cualquier otra que «surja de posibles incidencias no previstas».
Además, deberá realizar un informe del estado de la obra con el visto bueno tanto de la propia empresa como de la dirección facultativa, «donde se refleje la obra ejecutada con fotografías del estado actual, y la conformidad de ambos sobre la obra realizada, además de proceder a la realización de las mediciones y certificación final de las obras y trabajos realmente ejecutados hasta el acuerdo de resolución del contrato».
dirección facultativa. También la Junta de Gobierno abordó la resolución del contrato con la empresa encargada de realizar la dirección facultativa de la obra, la UTE Jorge Barata Martínez-Iglesias y Veiga Arquitectos SL, aprobándose, también con votos a favor de Por Ávila y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE, que el Ayuntamiento debe abonar 18.880,79 euros de los 54.958,65 que estaban fijados en el contrato por el concepto de «honorarios de dirección facultativa» y también pagará 2.697,24 euros de los 7.851,20 presupuestados, en concepto de «coordinación de Seguridad y salud». Asimismo, esta UTE debe poner al servicio municipal de toda la documentación y trabajos realizados.