La Consejería de la Presidencia, a través de la dirección de los servicios jurídicos, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional las alegaciones en defensa de la última modificación efectuada en marzo de este año en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León, después del recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la normativa autonómica presentado por el Defensor del Pueblo. Tal y como informó la Junta en un comunicado, los servicios jurídicos se personaron ante el Alto Tribunal y formularon las alegaciones oportunas en defensa de la constitucionalidad de la última modificación de la Ley de Caza, partiendo del hecho «innegable» de que es muy importante conservar la fauna silvestre, pero también es «necesario» compatibilizarla con la preservación de otros intereses generales que garantiza la práctica de una caza siempre desarrollada de forma «legal, responsable y segura».
El director de los servicios jurídicos, Luis Miguel González Gago, recordó que la caza es «determinante» para la conservación del patrimonio natural, y no sólo favorece la protección de los ecosistemas, garantizando el equilibrio entre depredadores y presas, sino que evita importantes daños a la fauna protegida, a la seguridad vial, a las economías de los titulares cinegéticos, al empleo, a la agricultura, a la sanidad animal y sector ganadero, o a la salud de las personas.
Desde el punto de vista ecológico, la Junta defiende que la caza ayuda a regular la abundancia de ejemplares de determinadas especies que sería perjudicial para otras especies protegidas. «Es conveniente remarcar que, caso de no desarrollarse actividad cinegética alguna, se producirá el incremento constante, expansivo y colonizador de especies como el ciervo, el corzo, el jabalí, el zorro o el conejo, que suponen un serio hándicap de supervivencia para especies protegidas como el urogallo, el oso pardo o el lince», expusieron.
125.000 cazadores
Desde el punto de vista humano, para comprender la importancia de la caza en Castilla y León, la administración autonómica detalló que este deporte es practicado por más de 125.000 cazadores, y que lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados de caza. La última modificación de la Ley de Caza se efectuó en marzo de este año 2019, que es la ahora recurrida ante el Tribunal Constitucional, mediante una proposición de ley presentada en las Cortes de Castilla y León, y con ella se incluyó en el propio texto legal un anexo con las especies cinegéticas.
Frente a las objeciones del Defensor del Pueblo, González Gago consideró que la modificación legal efectuada en Castilla y León en absoluto contraviene la legislación básica, sino que precisamente la da cumplimiento y la complementa, «hasta tal punto que el propio Estado, que debería ser la principal Administración defensora del respeto a sus competencias, no ha encontrado en ella vicio de inconstitucionalidad y, por ello, no ha interpuesto recurso alguno», según informa Ical.