El programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León acaba de sumar cuatro ayuntamientos más en la lista de colaboradores imprescindibles en un proyecto que tiene varios objetivos. Con él pretenden fomentar el alquiler social entre personas y familias que tienen dificultades de acceso a la vivienda por razones económicas al tiempo que se recuperan inmuebles municipales en desuso. Los últimos en llegar a esta iniciativa son Casillas, que rubricó el convenio este miércoles con la firma de su alcaldesa, Beatriz Díaz, pero también Barromán, Hoyocasero y Moraleja de Matacabras que lo hicieron días atrás en presencia también de sus regidores y del delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero. 

Era precisamente este último quien daba todos los detalles al respecto de estas incorporaciones. Es una cuestión de ayudar a quienes más lo necesitan pero en este caso además intentando poner freno a la despoblación en los municipios ya que los inmuebles que los consistorios ceden a la causa se ubican en el medio rural. Son inmuebles en desuso y en algunos casos «degradados y en ocasiones muy emblemáticos, como pueden ser las antiguas casas de los maestros o antiguas casas de Correos», decía el delegado y que «hay que rehabilitar y ponerlos en valor para destinarlos a un fin social». 

El siguiente paso será el de la redacción de los proyectos y posteriormente, la licitación de las obras.

En el caso concreto de Casillas  se ha cedido a la causa un inmueble de tres plantas en el que se va a actuar en varias fases y que según aseguró la alcaldesa «fueron cedidas al Ayuntamiento por un particular». Al tiempo aseguró que «¡qué mejor manera que hacer uso de ellas que así!. Ofreciendo alquileres sociales por ejemplo a los jóvenes para que se queden en nuestro municipio y que les sea fácil empezar o para personas en riesgo de exclusión o con algún familiar con discapacidad». 

La primera llegará ahora en una primera fase porque «sólo vamos a poder rehabilitar una», aunque la intención es seguir avanzando y tener las tres a disposición de Casillas. Es muy probable que tengan que hacer alguna aportación a mayores pero «lo haremos encantados».

Junto a estos cuatro nuevos socios hay otros once que firmaron con anterioridad. 

Cabe destacar que las viviendas suelen tener una buena ubicación, en los cascos urbanos, lo que permite a los futuros beneficiarios contar con todo tipo de servicios y optimizar las infraestructuras existentes evitando, como decíamos, el deterioro del patrimonio municipal a la vez que se mejora la estética urbana.

Toda vez que se rehabiliten se incorporan a ese parque público de vivienda en régimen de alquiler social. Los ayuntamientos son los que determinarán el precio, que no puede exceder la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar. También decidirán quién ocupa la vivienda en función de las necesidades de cada municipio. Tienen preferencia los colectivos de especial protección que figuran en  la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León. 

En la actualidad la Junta está coordinando obras en ejecución en cuatro municipios (Narrillos del Rebollar, Villanueva de Ávila, Mamblas y Mirueña de los Infanzones)  por casi 190.000 euros. 

Ya se ejecutaron trabajos previamente (en 2016) en Maello, Crespos, Solana del Rioalmar, Navalperal de Pinares y Muñana por más de 253.000. En el curso 2017-2018 se hizo lo propio en Pedro Bernardo, Navatalgordo y Hoyos del Espino, por otros 240.000; de ahí que la inversión de la Junta al respecto en estos últimos tres años supere los 680.000 euros muy largos.