La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, señaló ayer en la evaluación intermedia que el plan de inserción socio-laboral de Castilla y León ha «cumplido e incluso superado las expectativas» en los dos primeros años de vigencia al haber desarrolado un total de 27.500 contratos y 31.000 acciones formativas. En la capacitación para mejorar la empleabilidad y el acceso a un puesto de trabajo y el mantenimiento en el mismo han participado 196.100 personas en situación vulnerable, de ellas más de 96.000 en 2016 y más de 100.000 en 2017, con un incremento de un cinco por ciento, según informa Ical.

Así lo puso de manifiesto a modo de balance, al tiempo que recordó que en los dos primeros años el presupuesto previsto aumentó en 11,88 por ciento, pasando de los 150,2 millones iniciales a los casi 168 millones, lo que supone 17,6 millones más, y en el conjunto de los cuatro años el presupuesto global es de 369,4 millones. «No se trata de un gasto si no de una inversión social diseñada para que la salida de la crisis sea acorde a las necesidades, que produce un retorno económico, apoya en empleo en sectores en riesgo de exclusión y por ello, el dinero invertido se da por muy bien empleado», dijo.

En su opinión, se trata primero de formar para poder acceder a un empleo y también de mantenerse luego con un contrato en el mercado del trabajo a través de medidas discriminación positiva incorporadas al Plan. «El objetivo de que las personas que más difícil lo tuvieran en la Comunidad salieran de la espiral de la exclusión y evitar con ello la cronificación de la pobreza. El resultado hasta ahora es razonablemente bueno. Lo que se nos transmite es que se debe intercambiar más información con el tercer sector, detectando así antes la situación de personas vulnerables con herramientas informáticas de predicción que nos permitirán anticiparnos al riesgo con un modelo de actuación compartido», concretó.