El alcalde negocia los efectos de la sentencia del PGOU con la propiedad

Eduardo Cantalapiedra
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Terrenos afectados por la sentencia del TSJ contra la ampliación del PGOU.

José Luis Rivas reconoce que ya ha mantenido una reunión con los dueños del terreno afectado, en la que han participado técnicos municipales, y que de la misma ha dado cuenta al resto de partidos

El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, ha mantenido ya una reunión con la propiedad de los terrenos afectados por la sexta modificación del Plan General de Ordenación Urbana, anulada por sentencia del Tribunal Supremo, de cara a cumplir con el fallo judicial de tal manera que «no se vean perjudicados ni el dueño ni los abulenses».
Rivas recordó que ya hubo negociaciones con la anterior Corporación municipal que «no llegaron a término porque faltaron unos días para celebrar el Pleno» y «el anterior alcalde, Miguel Ángel García Nieto, me informó de cómo estaban las cosas, y ahora lo que queremos es reanudar esas conversaciones, porque el Ayuntamiento tiene que cumplir una sentencia  y queremos hacerlo de la mejor manera posible para que la ciudad y los abulenses no se vean perjudicados», comentó.
El regidor abulense, que reconoció la existencia de una reclamación por parte de la empresa Fuentebuena 2004, aunque no especificó más, sí quiso dejar claro que «estamos hablando y son cosas que llevan su tiempo».
También explicó que el pasado lunes mantuvo un encuentro con los portavoces de todos los grupos municipales para explicarles cómo estaba este asunto. «Tiene que haber una transparencia absoluta, pues no hay nada que ocultar, y los grupos políticos estarán en todo momento informados», señaló José Luis Rivas, quien añadió que «he tenido un encuentro con la propiedad y con técnicos del Ayuntamiento, pero a partir de ahí ya he informado de la reunión y seguiremos informando de las conversaciones que vayamos teniendo, pues la transparencia es total porque esto es de todos los abulenses».

Sentencia del Supremo. Fecopa fue, junto con un grupo de particulares y UPyD, quien impugnó la orden autonómica del 6 de mayo de 2011 que autorizaba la Sexta Modificación del PGOU y creaba un controvertido apéndice atípico en el dibujo de la superficie urbanizable, con dotaciones comerciales y más de 3.000 viviendas. Aquella modificación pretendía cumplir, según Fecopa, el compromiso del Ayuntamiento de Ávila de compensar a la empresa Fuentebuena 2004, que le había cedido terrenos para construir el Cylog de Nissan un tiempo atrás. El TSJ dio  la razón a los demandantes el 20 de septiembre de 2013, el Consistorio recurrió en casación y el Tribunal Supremo, competente para abordar dicho recurso, reafirmaba los argumentos de Fecopa y de los otros demandantes.