La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tramitó durante el primer mes del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19 un total de 1.481 prestaciones económicas para la cobertura de necesidades de subsistencia en situaciones de urgencia social, por un importe de 506.1527 euros. Las principales ayudas fueron para la alimentación (616), el pago de alquiler de vivienda (308), necesidades básicas de la vivienda (257), otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar y enseres (166) y para hacer frente a la cuota hipotecaria (31), informa Ical.
Durante su comparecencia en la Comisión de Familia de las Cortes, a petición propia, para informar sobre la situación en la Comunidad por la pandemia del coronavirus, Blanco recordó que, desde el pasado 16 de marzo, se han atendido 8.835 demandas de un total de 14.910 solicitudes. La prestación de esta asistencia cuenta con la ayuda de Cruz Roja, a la que se concedió una subvención de 1,2 millones de euros. Además, desde el 20 de marzo cuando se puso en marcha este dispositivo, el teléfono 012 ha atendido un total de 6.317 demandas (lo que supone unas 200 llamadas de media a lo largo de los 32 días de aplicación del protocolo, de lunes a sábados, e incluyendo la Semana Santa).
De ellas, solo 110 han recogido necesidades de apoyo dentro del domicilio, en concreto de personas con algún grado de dependencia o enfermedad, algunas de ellas de edad avanzada, que precisaban de apoyos en su entorno próximo y que lo han perdido a causa del Covid-19. En estos casos, recordó, se valora la necesidad de forma urgente por los equipos de atención básica de las corporaciones locales y se provisiona de las ayudas necesarias en el domicilio. "Es necesario por lo tanto resaltar que la escasa demanda nos indica que el sistema de servicios sociales está identificando estas necesidades antes de que aparezcan, evitando situaciones críticas", subrayó la consejera.
También, se refirió a las líneas de ayuda aprobadas recientemente por la Junta de Castilla y León, contempla una partida de 1,7 millones de euros, destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus y que además, se ha repartido entre las corporaciones locales con competencia en servicios sociales.
6.832 bajas en ayuda a domicilio
Respecto a la ayuda a domicilio, Blanco indicó que a pesar de las medidas de reducción de las horas de contacto con las personas atendidas, en este mes se han producido 6.832 bajas voluntarias, que no deseaban continuar con el servicio por miedo al contagio. Las medidas adoptadas en estas circunstancias ha sido mantener el servicio, aunque no fuera presencial y realizar un seguimiento telefónico de estas personas para garantizar su correcta atención. Durante este primer mes de alerta, del 14 de marzo al 14 de abril se ha atendido presencialmente a 15.704 usuarios y se han incorporado al servicio 329 nuevas atenciones.
Además, señaló que la Junta ha ampliado la cobertura de la teleasistencia para dar servicio a las personas mayores que viven solas o son vulnerables por otros motivos, con una atención proactiva y un aumento del número de llamadas. Durante el primer mes de alerta, se ha atendido a través de este servicio a 15.930 personas y se han incorporado a 160 nuevos usuarios. De todos ellos, a 10.910 personas se ha realizado un seguimiento exhaustivo de forma proactiva a través de llamadas para conocer su situación de forma permanente. El promedio de llamadas realizadas ha superado las 8.500 semanales.
Fondo Social Extraordinario
Para cofinanciar todas estas actuaciones que pudieran sobrevenir por la crisis del Covid-19, se ha destinado un total de nueve millones de euros, del Fondo Social Extraordinario destinado para las comunidades autónomas para paliar las consecuencias sociales originadas por la pandemia. Isabel Blanco valoró, según recogió la Agencia Ical, el papel desempeñado por las entidades locales en la prestación de los Servicios Sociales en Castilla y León y que han recibido este fondo, a diferencia de lo realizado por otras comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Asturias, que han optado por no repartirlo entre los ayuntamientos y las diputaciones.
De este Fondo Social Extraordinario, siete millones se han repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año 2020 en el Acuerdo Marco, y los otros dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad.
Por último, la consejera hizo referencia a otros servicios esenciales que se han reforzado durante la pandemia como la atención y protección a víctimas de violencia de género y personas dependientes de ellas y los menores de edad, sobre todo con padres afectados por el coronavirus.