El candidato de Izquierda Unida-Castilla y León en Marcha a la Junta, José Sarrión, señaló hoy que la prioridad de la coalición política que encabeza siempre ha sido la “defensa del movimiento obrero” como prioridad. En este sentido, apuntó que siempre “se ha estado en medio” y escuchado “al segundo la llamada sindical”.

“Nos es una promesa si no un hecho en los últimos cuatro años y hemos estado siempre al lado de los trabajadores y contra de las deslocalizaciones de empresas en la Comunidad”, concretó en un acto de presentación de su programa electoral organizado por Comisiones Obreras de Castilla y León en Valladolid.

En esta línea puso como ejemplo las crisis producidas por las multinacionales en Lauki y Dulciora, en Valladolid; el cierre de Vestas, en León; o la amenaza sobre Nissan Ávila. “El propio presidente del Comité de Empresa de esta industria abulense ha reconocido que IU ha sido la única fuerza política que ha puesto a disposición de los trabajadores todas sus herramientas y todas sus infraestructuras”, aseveró en declaraciones recogidas por Ical, refiriéndose a Rubén Zazo (CCOO), expresidente del comité.

Igualmente, Sarrión se refirió ante los delegados sindicales de CCOO al “apoyo” prestado hasta la venta de la factoría de Made en Medina del Campo (Valladolid), en Siemens Gamesa “y a los trabajadores de la Función Pública en sus reivindicaciones”, o las más recientes de Itevelesa o Embutidos Rodríguez, así como en “todas y cada una de las movilizaciones, convocatorias, concentraciones y huelgas que ha habido en los cuatro años de legislatura”.

A su vez, recordó que solo la defensa del movimiento obrero “ayudará a mejorar las condiciones de esta tierra”, ya que sin él Castilla y León, consideró, “no tendrá ningún futuro”. Por ello, recordó que el programa de IU-Castilla y León en Marcha se caracteriza por “una gran reivindicación para reclamar un empleo digno y estable y con derechos”.

Para Sarrión se viven unos tiempos donde la recuperación de la crisis económica se está haciendo “a costa de los derechos de los trabajadores”, y se lamentó especialmente de que el 90 por ciento de los contratos que se están realizando en los últimos tiempos son temporales y un 40 por ciento a tiempo parcial.

“Esto es absolutamente insoportable como que haya 43.000 horas a la semana en la Comunidad que se están haciendo ilegalmente o sin cobrar. También existe una situación de explotación laboral en muchos puntos y las únicas recetas validas para acabar con la despoblación son erradicar el paro y la precariedad. Quien no lo afirmé así está mintiendo”, espetó.

Fiscalidad progresiva

En otro punto, José Sarrión se refirió a la existencia de una fiscalidad “como algo fundamental” y criticó lo que parece “puede ser un pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos” ya que, en su opinión, los primero que harían los socialistas “es traicionar el acuerdo fiscal firmado con los sindicatos y otras fuerzas políticas”.

Por ello, significó que desde Izquierda Unida se va a exigir que “quien gane menos debe pagar menos de lo que está pagando en la actualidad y que quien tiene rentas más altas debe pagar más sencillamente”. En su opinión esto significa que se se “debe alterar” el tramo autonómico del IRPF “para hacerlo más progresivo” y que sea aumentado para quienes tienen más ingresos “e introducir reformas para ello en impuestos como el sucesiones o donaciones”.

Además, desde IU se proponen algunos impuestos que sean propios como el de las grandes superficies comerciales. “Esto es fundamental por que son un modelo boyante en nuestra economía, desarrollan una gran cartera de beneficios, importan materiales de otros países, precarizan el empleo y cada vez que abre una de ellas cierran muchos pequeños negocios. Por ello los grandes superficies deben pagar impuestos que sirvan para realizar planes de empleo que beneficien a la clase trabajadora y ayuden a desarrollar la sanidad, la educación y los servicios sociales y también, por qué no, para mejorar y potenciar al pequeño comercio de proximidad en Castilla y Léon”, expuso.

Finalmente, dijo que su coalición política defiende un impuesto a la banca ya que está generando grandes beneficios. “Se le entregó desde el Estado dinero de la ciudadanía en el año 2012, como consecuencia de la crisis, con el rescate bancaria tasado en 62.000 millones de euros para tener liquidez y no se ha devuelto ni un céntimo de estas ayudas públicas. La mejor forma de devolverlo es un impuesto a las actividades financieras”, concluyó.