La Federación de Servicios Públicos de UGT ha calificado de “despropósito” el concurso abierto y permanente de funcionarios (CAP) convocado por la Junta de Castilla y León el pasado mes de abril, a la vez que denunció que la Consejería de Presidencia lleva un mes paralizando el proceso de “forma inexplicable”.

En un comunicado de prensa recogido por Ical, el sindicato acusó al Gobierno autonómico de “oscurantismo” y aseguró que está llevando a los funcionarios a la “desesperación, al ver cómo su derecho a la carrera vertical y sus expectativas a obtener una mejora retributiva o a acercarse a su domicilio familiar mediante este concurso de traslados, se ven truncadas”. Además, también criticaron que servicios públicos como las Oficinas de Empleo o los servicios de Hacienda, que se iban a ver reforzados con este concurso, "siguen en déficit de personal”.

UGT recordó que en el mayor concurso de los últimos años, en el que se ofertaron 5.650 puestos de trabajo, de los que 2.701 deberían ser adjudicados de forma definitiva, según la propuesta de resolución definitiva dictada por la Comisión de Valoración y que fue elevada al consejero de Presidencia el pasado cuatro de octubre. “Por tanto, lleva un mes sin dictar la resolución definitiva y sin dar una explicación coherente “.

Además, desde UGT se recuerda que la Junta tiene la obligación de resolver el concurso antes del próximo jueves, 14 de noviembre, y se advierte de que en caso contrario, tanto el consejero de la Presidencia como la directora de Función Pública, podrían incurrir en una falta administrativa e incluso patrimonial para la Administración.

Por último, desde UGT se desmiente que el haya utilizado el concurso abierto y permanente como moneda de cambio para la negociación de la jornada de 35 horas. En este sentido argumenta que el CAP es un derecho estatutario de los funcionarios de carrera y “los derechos no se negocian”, a la vez que apunta que solo afecta a los funcionarios de carrera que hubieran concursado, mientras que la jornada de 35 horas es aplicable al conjunto de empleados públicos, “sin tener en cuenta el régimen administrativo, estatutario o laboral que le sea de aplicación y sin tener en cuenta el carácter permanente o temporal que les une a la Administración”.