Cruz Roja Española en Ávila organizó una sesión informativa sobre la mutilación genital femenina en la que Ana Pérez, cofundadora de Wanawake Mujer, habló sobre esta práctica que vulnera los derechos de las niñas, su situación actual, las consecuencias y, especialmente, cómo se puede prevenir. La intervención fue parte del ciclo de ponencias ‘Educación para el desarrollo’ del área de Cooperación Internacional de Cruz Roja, que además promueve el conocimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso haciendo especial hincapié en la igualdad de género. 

 Ana Pérez es cofundadora de Wanawake Mujer, una entidad que dedica sus esfuerzos a la promoción de la igualdad de género y a facilitar la eliminación de las formas más radicales de violencia que se ejercen hacia las niñas y las mujeres.

En este caso abordó la mutilación genital femenina como la «máxima expresión de la desigualdad» y con consecuencias que van desde infecciones, dolor, complicaciones en el parto, consecuencias en la salud sexual, psicológicas... que pueden durar toda la vida o provocar la muerte.

Esta mutilación es la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos u otro tipo de lesión a los órganos genitales femeninos por razones culturales o de otro tipo, pero no médicas.

Entre las causas, aseguró, subyace la «desigualdad» pero pueden ser desde psicosexuales (las mutiladas al no disfrutar tienen menos relaciones sexuales), socioculturales o culturales o incluso podrían considerarse religiosas pero más bien relacionadas con tradiciones dado que «ninguna religión habla de mutilación», dijo. También están factores socioeconómicos, sobre todo previos al matrimonio.

Serán muchas las causas pero las consecuencias marcarán a las mujeres «toda su vida».

En su contextualización, se habló que es una práctica que vulnera los derechos más básicos de 200 millones de niñas y mujeres. Está presente en más de 30 países, principalmente de África, Oriente Medio y Asia aunque la mitad se concentra en tres países, Egipto, Etiopía e Indonesia. Cada año están en riesgo de sufrir esta práctica tres millones de niñas.

En España este riesgo llega a 15.562 niñas entre 0 y 14 años, especialmente en Barcelona, Girona y Madrid.

Se cuenta con la ventaja de que ahora hay un marco internacional que reconoce esta práctica como nociva, a extinguir, y es parte de los objetivos para eliminarla en 2030. Sin embargo, dentro de las soluciones hay varios campos y ahí está el compromiso político, la elaboración de leyes, aplicación de la legislación, atención a supervivientes y niñas en riesgo o la investigación. Pero igual de importante es la prevención, abordar las causas y formar e informar a las mujeres y a toda la comunidad que las rodea. En definitiva, eliminar esta práctica supone «educación y ofrecer oportunidades a las mujeres y las niñas», señaló.