Cada 11 de septiembre, Cataluña conmemora la rendición de la ciudad de Barcelona ante las tropas borbónicas, dirigidas por el duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión en 1714. Una capitulación que conllevó la abolición de las instituciones catalanas y que empezó a recordarse en 1886 con una misa oficiada en la parroquia de Santa María del Mar en honor a los mártires muertos, después de que el nacionalismo catalán comenzase a mitificar aquel episodio histórico a través de la literatura. Poco queda de aquel romanticismo catalanista que impregnaba las celebraciones no solo en aquella época, sino también cuando, en 1980, la Generalitat decidió que la fiesta autonómica se iba a celebrar el 11 de septiembre.

Especialmente desde 2012, la celebración viró en una exhibición de músculo del independentismo, azuzado ya entonces por el Govern que lideraba Artur Mas. Cuentan los cronistas políticos de la época que aquella Diada, la que casi dio inicio al procés, vino marcada por la tensa relación entre Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en esas fechas, y Artur Mas, a la sazón líder de la Generalitat, sobre todo a cuenta del pacto fiscal. En un momento de recortes por la crisis económica mundial, el mandatario regional presentó una oferta para cambiar las relaciones tributarias entre el Estado y Cataluña que el jefe del Ejecutivo rechazó. «Te arrepentirás», le espetó Mas, según narró el propio Rajoy años más tarde.

Desde aquella cita de febrero hasta el 11 de septiembre, desde el Govern se dio alas a Ómnium Cultural y a la Asamblea Nacional Catalana, dos colectivos sociales dedicados, a priori, a fomentar el nacionalismo catalán en la sociedad. Pero que, desde muy pronto, viraron hacia el independentismo. Así, la Generalitat puso en sus manos la organización de la Diada de 2012, que se convirtió en la primera gran manifestación del secesionismo. El golpe sobre la mesa que le faltaba a Mas para volver a Moncloa a lanzar su órdago: quería un concierto fiscal como el del País Vasco. Pero volvió a encontrarse un no por respuesta. Y, de nuevo, la amenaza: «pues atente a las consecuencias».

Desde entonces, las jornadas festivas del 11 de septiembre han sido utilizadas por los distintos Gobiernos regionales para mostrar en la calle el músculo del independentismo. Las fotografías de miles de personas en las calles de Cataluña, especialmente en Barcelona, animaban a los políticos a mantener la deriva secesionista, olvidándose incluso del día a día, con un Parlament sin aprobar leyes y unos Presupuestos prorrogados de manera continua. Una afrenta contra la unidad de España que culminó en la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia de Carles Puigdemont que fue suspendida segundos después por el propio president.

Cambio de tendencia. Eran días de vino y rosas para los secesionistas, con las Diadas llenas de fervientes acólitos. Tiempos de unidad en la política entre todas las siglas independentistas que se jaleaba desde abajo con aquello de «Els carrers seran sempre nostres» (Las calles serán siempre nuestras).

 Sin embargo, aquella imagen de hermandad de ERC y JxCat ha saltado por los aires. Su distanciamiento no solo puede derivar en la convocatoria anticipada de elecciones, sino que marcará la Diada más incierta de los últimos tiempos. 

Y es que la ruptura casi total de relaciones entre los dos grandes partidos separatistas ha provocado también la fractura de ambos con la Asamblea Nacional Catalana, encargada de organizar la Diada y que ha optado por no invitar a ningún dirigente político a la gran manifestación de Barcelona, ni siquiera al presidente de la Generalitat, Quim Torra. De esta manera, el colectivo quiere mostrar su descontento con la estrategia del Govern para tratar de alcanzar la independencia, con los pactos locales de ERC y JxCat con el PSC y con el apoyo ofrecido a la investidura de Pedro Sánchez. Unas acciones que el separatismo más radical no perdona y que amenaza con convertir la cita catalanista en un enfrentamiento directo entre la calle y los partidos. El objetivo, según mantienen desde la ANC, es hacer ver a los políticos que hay que volver a una hoja de ruta común que acabe con la secesión, convencidos de que la sociedad civil «puede cambiar las cosas».

las cifras. A pesar de que la festividad tendrá lugar poco antes de que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia del juicio del procés, lo que se ha utilizado por los separatistas como combustibles para tratar de prender la llama de la participación, las cifras indican que la asistencia será mucho menor que en años anteriores. Hace apenas un par de semanas la organización no había conseguido llenar todavía ninguno de los 26 tramos de la gran cita independentista. Es decir, las inscripciones para participar habían caído un 25 por ciento en las mismas fechas que en ocasiones pasadas. 

El miedo a no mostrar el músculo de años anteriores, de hecho, ha obligado a la Generalitat a redoblar su implicación en la Diada, con los presos independentistas como bandera para conmover a sus seguidores y tratar de sacarlos a las calles. Si bien el Govern no se encarga de la manifestación, sino simplemente de la ofrenda floral a Rafael Casanova, un pinchazo en esta cita pondría en duda las políticas de Torra, que ha centrado su acción de Gobierno en la independencia.