En Ávila el lobo seguirá sin ser declarado como especie cinegética, y por ende seguirá sin poder cazarse en Ávila, según el acuerdo adoptado el pasado jueves en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta decisión se adoptará si prospera y lo refrende el Ministerio. En una votación sin precedentes que tuvo lugar el jueves, el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas elevar la protección del lobo en España y prohibir su caza. Tras meses de debate, el nuevo acuerdo para incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) fue aprobado con un estrecho margen. La medida había sido propuesta por el Ministerio de la Transición Ecológica y ha sido aprobado por 9 votos a favor frente a 8 en contra, y 3 abstenciones. Votaron en contra las comunidades donde aún se mantiene al lobo como especie cinegética, las comunidades situadas al norte del río Duero: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
Población. En la provincia de Ávila la población de lobos es activa. La Junta de Castilla y León estima que unas 13 manadas de lobos, compuestas por nueve miembros, campan por la provincia de Ávila, a los que se unen otros ejemplares sueltos, según avanzó hace unos meses el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró que esta es la causa de que haya más ataques que en la provincia de Salamanca.
En la sesión de control al Ejecutivo en el pleno de las Cortes, el consejero añadió que en Salamanca existían cinco manadas, pero una -dijo- ha pasado a la provincia de Zamora. Estos cálculos, explicó Suárez-Quiñones al procurador de Por Ávila Pedro Pascual, quien preguntó las diferencias en el número de ataques en su provincia y la salmantina, pese a ser limítrofes.
Sin embargo, el parlamentario abulense exigió a la Junta un censo real que permita conocer el número de ejemplares existentes en Ávila, puesto que denunció el último es de hace años y el próximo no está previsto hasta 2028. En su opinión y en la de los ganaderos que le han trasladado su malestar, no existen ocho manadas que recoge el último recuento oficial, sino muchas más, porque aseguró, la población de esta especie va en aumento.
El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz se refirió hace unos días a la polémica suscitada por la gestión del lobo, y a la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de incrementar la protección del cánido, algo que se ha producido esta semana. Al respecto, recordó entonces que Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria cuentan con el 98 por ciento del censo de lobo nacional y las cuatro coinciden en que se trata de una media «poco acertada» y una «interpretación equívoca» del Ministerio. Si bien reconoció en que esta iniciativa se fundamenta en un informe técnico que señala que el estado de conservación de la especie, «con el estatus actual, es favorable», también admite que ese documento habla de que el lobo «tiene un valor cultural». «Ambas son compatibles», comentó.
Perdidas.
Asaja denunciaba a final del año 2020 que se producían una media de 1.500 muertes anuales de animales en la provincia de Ávila producidas por ataques de lobos, según el balance que realizó su secretario general provincial Joaquín Antonio Pino a finales del pasado año, quien recalcó la oficialidad de estos datos, pero que el número de muertes podría llegar a los 2.000. «Es una exageración –valoraba entonces Pino – porque estos ataques en la provincia de Ávila son el 50 por ciento de los daños que el lobo provoca en Castilla y León y supone unas pérdidas económicas entre 3 y 4 millones de euros a ganaderos en la provincia de Ávila. De estos tres o cuatro millones la Junta está abonando unos 600.000 euros al año». Por este motivo, según afirmó Pino, Asaja ha encabezado las reclamaciones judiciales que esperan puedan celebrase las vistas a lo largo de este año que acabamos de comenzar. Unas vistas que han comenzado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila. «Ya tenemos algunas sentencias firmes a favor de algunos ganaderos, la última de ayer mismo», señalaba Joaquín Antonio Pino ayer a este periódico.