La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, señaló hoy en la evaluación intermedia que el Plan de Inserción Socio-Laboral de Castilla y León ha “cumplido e incluso superado las expectativas” en los dos primeros años de vigencia (2016-2017) al haber propiciado un total de 27.500 contratos y 31.000 acciones formativas. En la capacitación para mejorar la empleabilidad y el acceso a un puesto de trabajo y el mantenimiento en el mismo han participado 196.100 personas en situación vulnerable, de ellas más de 96.000 en 2016 y más de 100.000 en 2017, con un incremento de un cinco por ciento.

Así lo puso de manifiesto a modo de balance, al tiempo que recordó que en los dos primeros años el presupuesto previsto aumentó en 11,88 por ciento, pasando de los 150,2 millones iniciales a los casi 168 millones, lo que supone 17,6 millones más, y en el conjunto de los cuatro años el presupuesto global es de 369,4 millones. “No se trata de un gasto si no de una inversión social diseñada para que la salida de la crisis sea acorde a las necesidades, que produce un retorno económico, apoya en empleo en sectores en riesgo de exclusión y por ello, el dinero invertido se da por muy bien empleado”, consideró.

En su opinión, se trata primero de formar para poder acceder a un empleo y también de mantenerse luego con un contrato en el mercado del trabajo a través de medidas discriminación positiva incorporadas al Plan. “El objetivo de que las personas que más difícil lo tuvieran en la Comunidad salieran de la espiral de la exclusión y evitar con ello la cronificación de la pobreza. El resultado hasta ahora es razonablement bueno. Lo que se nos transmite es que se debe intercambiar más información con el tercer sector, detectanto así antes la situacion de personas vulnerables con herramientas informáticas de predicción que nos permitirán ancitiparnos al riesgo con un modelo de actuación compartido”, concretó.

García dijo que se ha buscado “respetar en todo momento el proyecto de vida de las personas” en risgo de pobreza mediante el trabajo de la red colaborativa “a través de la cual se ha canalizado toda la atención a las personas más vulnerables con una atención específica e integral y todo se irá adaptando a las necesidades que vayan surgiendo”.

En el apartado de los empleos materializados incentivados con apoyo del sector público, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas, la consejera cifró en 42 las acciones realizadas hasta ahora mediante subvenciones o contratación pública y los empleos que se facilitan desde el sector público. El gasto de 96,69 millones, implica el 58 por ciento en los primeros dos años de Plan. De ello se han beneficiado 16.735 personas con dispacidad; 5.385 perceptores de la Renta de Garantía Ciudadana (de ellos 3.123 en 2017, un 33 por ciento más que en 2016), y el porcentaje de contratos a mujeres aumentó, siendo del 37 por ciento el primer año y del 44 por ciento en el segundo.