888 días ha durado el segundo gobierno de coalición de Castilla y León. 29 meses marcados por la gestión del coronavirus, barnizados por frecuentes declaraciones de amor mutuo, salpicados por evidentes desencuentros entre los socios, y rasgados por la primera moción de censura de la historia autonómica, celebrada el pasado 22 de marzo de 2020, que dejó a los grupos que conformaban el Ejecutivo sin la mayoría absoluta de las Cortes. Es la crónica de un Gobierno que nació como un matrimonio de conveniencia y que se agota entre sospechas de terceras personas -Por Ávila, PSOE- y después de algunos encontronazos sonados como la sanidad rural.

La política sanitaria, así como la gestión de la pandemia de la covid y la posición sobre los agentes del Diálogo Social, entre otros asuntos, han ido minando la confianza que reinaba en el «matrimonio» que conformaron el popular Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, de Ciudadanos, en el Gobierno de Castilla y León desde 2019. La ruptura llega después de que las dos alas del gabinete hayan ido sorteando la tensión que surgió desde el inicio del mandato y que no han logrado superar.

El Gobierno nació con la hoja de ruta de un acuerdo con 100 medidas concretas, aunque pronto comenzaron los problemas, bien sea por la concreción de algunas de ellas – el Plan Aliste o la reorganización de la sanidad rural-, bien por decisiones que se adoptaron en esos primeros meses: dar marcha atrás en la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los trabajadores públicos, que costó una huelga general de la función pública el 6 de noviembre de 2019. Junto a ello, algunas declaraciones públicas de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre las listas de espera y, sobre todo, del vicepresidente Francisco Igea defendiendo la supresión de los ayuntamientos o lanzando sombras sobre la gestión de gobiernos anteriores habían enrarecido el ambiente, si bien no afectaron a la agenda política efectiva que miraba ya un año con incertidumbres en lo económico y con una de las peores cosechas que se recuerda.

Sin embargo, el programa de gobierno salta por los aires con la aparición de la covid. El 27 de febrero de 2020 se confirman los dos primeros casos en Castilla y León y el 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma por la extensión de la epidemia. A partir de ese momento, la lucha contra el coronavirus se convierte en prioritaria, como detalla Ical, y Francisco Igea y Verónica Casado, en la cara de las malas noticias que diariamente golpeaban en forma de muertos e ingresados en las ciudadanos y en forma de restricciones a la actividad en los sectores económicos.

Restricciones.

Los consejos de Gobierno de la Junta fueron en algunos casos maratonianos, ante el debate que surgía sobre la adopción de algunas medidas, como las referidas en marzo de 2020 a la suspensión de las clases en los centros educativos. También ambas partes del Gobierno han tenido encontronazos por el ámbito de aplicación de las restricciones -todos los municipios o únicamente los de mayor afectación-, y por el alcance de las medidas en sí. Entonces, el vicepresidente y Verónica Casado acapararon todas las comparecencias y mensajes a la población, anticipando medidas, que en algunos casos fueron corregidas por Fernández Mañueco.

Las olas epidémicas siguieron golpeando con fuerza a Castilla y León, mientras la tensión entre PP y Cs fue en aumento por la posición de la consejera Carlota Amigo sobre las ayudas a las personas afectadas por los ERTE, a pesar del 'bálsamo' que supuso la firma en Castilla y León del Pacto por la Recuperación.

La vida pública coge velocidad punta después del último verano cuando, sin embargo, el camino de la legislatura se llena de obstáculos. El más importante, y quizá el que rompió el amor, se llama reordenación de la atención primaria en la sanidad rural. Desde entonces, la Comunidad pensaba ya en clave de adelanto electoral, pese a que el presidente lo negaba en cualquier foro público o privado y hacía depender el fin de la legislatura de la estabilidad política. Sin embargo, el matrimonio se rompió definitivamente ayer y Castilla yLeón tendrá elecciones el 13 de febrero.