Los deudores concursados disminuyeron un cinco por ciento en el tercer trimestre de 2019 en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un incremento del 9,1 por ciento de la media nacional. En concreto, la Comunidad cerró 56 procesos, mientras que en España fueron 1.384. Es decir, sólo el cuatro por ciento de los mismos se produce en el territorio castellano y leonés, según los datos provisionales de la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical.
Esta caída de deudores sitúa a Castilla y León entre las cinco autonomías que contabilizaron un descenso en el conjunto del país. Reducciones que lideró Asturias, con un 37,1 por ciento menos, seguida de Navarra (-18,2), País Vasco (13,9), Castilla y León (5,1 por ciento) y Murcia (2,9).
Por su parte, experimentaron crecimiento en el número de sus deudores concursados una docena de autonomías, entre las que destacan Extremadura (con un crecimiento del 350 por ciento, hasta 18 deudores concursados), y Castilla-La Mancha, con un 57,7 por ciento.
Por provincias, las que mayores deudores concursados acumularon fueron Valladolid, con 22 (los mismos que un año atrás), y Burgos, con 13 (seis más). Los deudores concursados crecieron de dos a cinco en Segovia y de uno a dos en Ávila, mientras que se redujeron de 10 a cuatro en León, de siete a cuatro en Salamanca, de cuatro a dos en Zamora; y de tres a dos en Palencia y en Soria.
En función del tipo de concurso, la mayoría fueron voluntarios (54) frente a dos necesarios. Mientras que dos se resolvieron mediante procedimiento ordinario, otros 54 lo hicieron mediante el abreviado. De los 56 deudores concursados, 15 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los restantes eran empresas (cinco personas físicas, cuatro sociedades anónimas y 32 sociedades limitadas).
A pesar de registrarse 56 deudores, éstos afectaron a 41 empresas. Así, en cuanto a la actividad económica principal de éstas en Castilla y León, seis pertenecían a la industria, otras tantas a actividades profesionales, cinco a la construcción, cinco más al comercio al por mayor, tres al por menor, dos en transporte y almacenamiento y las mismas a actividades administrativas y servicios auxiliares, una en de agricultura y pesca, otra más en información y comunicaciones, así como en inmobiliarias y financieras de seguros. La categoría de resto de servicios absorbe a cuatro firmas y otras cinco están sin clasificar.