Lourdes Mateos ni se imaginaba el calvario que iba a sufrir cuando, animada por los anuncios que vio en la televisión, decidió acudir a la clínica de Segovia de la compañía iDental. «En su publicidad decían que eran dentistas con corazón», recuerda esta abulense lo paradójico de aquella promoción.  Recuerda que todo fueron facilidades y que de hecho esa bondad que publicitaba la compañía se traducía luego en importantes descuentos en el presupuesto para aquellos pacientes con rentas más bajas. Así, su tratamiento, que ascendía a más de 12.000 euros, y que incluía extracción de piezas, implantes y coronas, entre otros, se le quedaba finalmente con esas ayudas sociales en unos 2.000 euros. También facilidades, «muchas», reconoce, tuvo para acceder a un crédito con el que financiar un tratamiento bucodental que, sumando los intereses, al final superaba los 2.400 euros. «Lo ponían muy fácil para que firmaras con ellos», reconoce ahora que ya es consciente del engaño.     

Y animada por todas esas facilidades también su hijo, que hoy tiene 26 años, acudió a la clínica iDental para intentar bajar dos dientes retenidos en la encía. Una operación en el paladar y dos hierros conectados con las piezas, además de brackets, fueron parte de su tratamiento. Hoy el joven apenas supera los 50 kilos de peso por la dificultad para comer que tiene debido a las graves secuelas de esas intervenciones bucodentales inconclusas. Tampoco Lourdes pudo recuperar la sonrisa y mostrar dientes nuevos porque a principios de junio de 2018, y de forma sorpresiva, las clínicas iDental cerraron sus puertas.  

Se calcula que los afectados por este cierre podrían ascender a 400.000 en todo el país y aunque es cierto que en Ávila iDental nunca llegó a contar con clínica también lo es, apunta Lourdes, que la cercanía con Segovia, Salamanca o Madrid, donde sí había centros de la compañía, debieron animar a muchos abulenses a recibir allí sus tratamientos odontológicos. Así le pasó también a la mujer de José María San Segundo que, también animada por la publicidad y seriedad que aparentemente ofrecía la empresa, acudió a la clínica de Segovia a realizarse un tratamiento que en su caso, descuentos incluidos, superaba los 3.200 euros. También ellos recurrieron a un crédito que tuvieron que seguir pagando hasta que el juez José de La Mata, que lleva el caso en la Audiencia Nacional, ordenó el cese inmediato de las reclamaciones de deudas a perjudicados. En ese momento a José María y a su mujer, que no ha podido todavía terminar su tratamiento, les quedaban por pagar únicamente 2 cuotas, cada una de ellas de 118,52 euros, de las 36 firmadas en su crédito. 

También la mujer de José María acusa los problemas de un tratamiento «bestial» en el que se le extrajeron todas las piezas de la encía superior, que aún no han sido repuestas por unas definitivas. «De los trabajadores no tenemos quejas, porque fueron amables, pero sí de la praxis», reconoce este abulense que de hecho gracias a una de las empleadas de la clínica de Segovia consiguió todos los informes médicos de su mujer, algo que la misma empleada le facilitó también a Lourdes  y sus hijo. «No todos los afectados tienen el historial médico», dice este abulense que espera que esta documentación pueda ayudarle a la hora de reclamar.  

 A las consecuencias físicas de tratamientos dentales inacabados y en muchos casos mal hechos, también, reconocen Lourdes y José María, se unen daños psicológicos. «Hay gente que se ha suicidado», dice ella con evidente tristeza. 

La plataforma de afectados por iDental en Ávila está formada por seis personas pero, dicen, deben ser más los abulenses a los que el cierre de estas clínicas pilló con tratamientos a medias o sin empezar e incluso inadecuados. 

A la espera del juicio que les dé una respuesta, y que se sigue en la Audiencia Nacional, la plataforma recuerda que el 29 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Ávila aprobó por unanimidad habilitar un procedimiento «sencillo y rápido» para que los afectados con bajos ingresos acreditados pudieran acceder «de forma urgente» a los programas de ayudas económicas de los Servicios Sociales Municipales, así como a «liberar una línea de ayuda extraordinaria para todas las personas afectadas sin distinción». Un acuerdo, recuerdan José María y Lourdes, que más de dos meses después de aprobarse aún no se ha materializado.