Catorce personas fueron detenidas ayer en Valladolid en el marco de una operación policial que investiga un estafa, supuestamente cometida cuando empleados de la empresa funeraria El Salvador incineraron a fallecidos en ataúdes más baratos que los comprados por las familias, para después reutilizarlos. Las indagaciones policiales, con registros desarrollados durante varias horas, abarcan fundamentalmente el tanatorio de El Salvador situado en el camino del cementerio de Valladolid, la oficina de la empresa ubicada en la céntrica calle Angustias de la ciudad y la que se halla en la población de Santovenia de Pisuerga.

La investigación se dirige a determinar si empleados de la funeraria cambiaban los féretros comprados por los familiares de los difuntos por otros de menor precio en el momento de la incineración y los reutilizaban, unas prácticas que se investiga si desarrollan desde hace años. Los investigadores sospechan que empleados de la funeraria sacaban los cadáveres de las cajas antes de la cremación y los metían en otros de baja calidad, al tiempo que reutilizaban las coronas de flores. Se trata de una investigación por estafa que podría alcanzar un valor de varios millones de euros, ya que el periodo que se investiga abarca más de dos décadas, según informa Ical.

Algunos familiares de los finados que acudían ayer a dar el último adiós a sus parientes comentaban su temor ante los rumores que escuchaban por el recinto y expresaban su sospecha de que también las coronas y centros de flores pudieran ser objeto de cambios para su reventa, una opción por el momento sin confirmar por fuentes de la investigación. Entre la quincena de personas investigadas, se encuentran al menos cuatro miembros de la misma familia vinculada a la propiedad de la funeraria.

Chantaje.

Por su parte, desde elgrupo El Salvador se aseguró en un comunicado que la operación policial es fruto de un intento de chantaje que sufrió en 2017 por parte de un extrabajador, que reclamó diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido.

Según estos, a raíz de esta acusación presentó una denuncia ante la Policía por un posible delito de extorsión que terminó en el Juzgado de lo Penal con una condena al extrabajador, jubilado de la empresa en febrero 2015, como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión. La sentencia, según la empresa, indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa, con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación.

Además, asegura que «las actuaciones judiciales emprendidas ayer son una pieza separada del anterior procedimiento judicial y fruto de la denuncia interpuesta por el Grupo El Salvador; procedimiento, en el que nos hemos personado como acusación particular, con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos».