El proceso abierto con la Cámara de Comercio e Industria de Ávila, tras llevar los trabajadores sus impagos a los juzgados, podría tener su fin próximamente. Esto es debido a que una vez que se sacó a subasta el edificio sede de la Cámara para afrontar estos pagos, aunque no hubo pujas, los trabajadores ejercieron su derecho de adjudicación por un 30 por ciento del precio de subasta, aunque lo hayan hecho a favor de un tercero. En otras palabras, se ha encontrado a alguien interesado en hacerse cargo del edificio.

En este caso, según explican desde la representación legal de los trabajadores, una sociedad limitada, de la que no se han dado por el momento más datos, ya ha depositado el dinero en el juzgado y se le ha adjudicado, por tanto, el edificio. Eso sí, como se trata de un procedimiento legal es posible que pudiera existir algún recurso, aunque por el momento no se conoce. Es más, desde el propio Consejo Regional de Cámaras, por el momento no se pronuncian respecto a este proceso.

Hay que recordar que la Cámara de Comercio de Ávila no tiene  actividad desde la dimisión del presidente y los miembros del Comité Ejecutivo y del resto de integrantes del pleno en diciembre de 2018. Esta dimisión llegó después de que la mayoría del personal de la institución hubiese rescindido su contrato ante los supuestos impagos que venían sufriendo. En un principio la actividad quedó en manos de una junta gestora pero pasaría finalmente al Consejo Regional de Cámaras.

Los pagos pendientes fue un tema que quedó por resolverse, motivo por el que ya en una primera ocasión el edificio de la Cámara, una palacio situado en la calle Eduardo Marquina, salió a subasta por el dinero pendiente a la Seguridad Social (unos 38.000 euros) pero la propia Cámara pudo paralizar el proceso y asumir este pago. Sin embargo no pudo hacer lo mismo, debido a la cantidad (más de 400.000 euros a los que ahora se suman los intereses) que se debía a los trabajadores.

Es por ello que el Juzgado de lo Social de Ávila ordenó la subasta del edificio de nuevo por un precio que superaba los dos millones de euros, en este caso sin que se paralizara, aunque no se presentaron pujas para hacerse con el inmueble. 

Es aquí donde se dio el plazo de diez días para que los trabajadores, como acreedores privilegiados, pudieran hacerse con el bien o adjudicarlo a favor de un tercero, lo que finalmente ha sucedido y se ha materializado en el juzgado al depositarse la cantidad correspondiente, algo más de 600.000 euros, lo que corresponde al 30 por ciento del precio de subasta.

Por el momento, desde la representación legal de los trabajadores no se conoce qué fin tiene pensado la sociedad adjudicataria para este edificio, algo que se tendrá que analizar. Sí que es cierto que, si no hay recurso, lo único que queda es entregarles las llaves, explican.

Esto supondría que los trabajadores cobrarían lo que tienen pendiente y no tendrían que recurrir al Fogasa, donde perderían dinero. Eso sí, en su día se explicó que el inmueble conlleva que se paguen temas pendientes del edificio (no de la Cámara como tal) lo que podría incluir, por ejemplo, cobros pendientes del IBI al Ayuntamiento. En todo caso, con la cantidad depositada se cubriría la parte de los trabajadores.