Los procuradores abulenses en Cortes regionales por el PP, Miguel Ángel García Nieto, Vidal Galicia y David Beltrán, denunciaron, por boca del primero de ellos, «la caótica situación que el Gobierno de España ha creado» con su gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que aseguraron que deja mucho que desear con respecto a la de renta garantizada de ciudadanía que gestiona la Junta de Castilla y León.
Afirmó García Nieto que ese IMV «despertó muchas expectativas y no ha hecho más que dejar a la vista las vergüenzas de un macrogobierno socialcomunista con una manifiesta microeficacia en la gestión», ya que esa ayuda ha resultado ser «un fiasco que ha dejado colgadas a miles de familias que lo que esperaban era este recurso como tabla de supervivencia para la situación económica que ha provocado la covid».
Además de «poner todos los impedimentos administrativos posibles para denegar el 99% de las solicitudes», añadió, «han hecho trampas porque han incorporado como perceptores del ingreso mínimo vital a los antiguos perceptores de otro recurso, de otra prestación, que era la de familiares con hijos a cargo, que por el artículo 33 han pasado a cobrar el ingreso mínimo vital», y esa situación se produce «cuando más ayuda y más apoyo necesitan los colectivos más vulnerables, curiosamente en el peor momento».
En las Cortes de Castilla y León, recordó, «aprobamos el 9 de junio una proposición manifestando nuestro acuerdo a la puesta en marcha de ese ingreso mínimo vital, porque pensábamos que era un buen recurso, pensábamos que era una medida social muy necesaria y oportuna por la situación que atravesaba el país para combatir situaciones de extrema pobreza y ayudar a las familias a salir de situaciones de vulnerabilidad», pero ya entone «pedimos al Gobierno de España que encomendara a la Junta de Castilla y León la gestión de esa prestación, que se basaba en la experiencia acumulada durante más de diez años gestionando una prestación idéntica como es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), por cierto con un éxito extraordinario en términos de eficacia y de atención a todas las personas que lo necesitan, contando además con un sistema administrativo que funciona a la perfección».
Otro problema añadido, apuntó García Nieto, es que desde la puesta en marcha del IMV «el 33% de las personas a las que se les ha reconocido la prestación cobran menos que el importe que percibían antes por la RGC que gestiona la Junta», y por eso se ha tenido que compensar esa diferencia con un pago propio, y además «la cuantía mensual a percibir se establece en función de los ingresos de 2019, es decir, no contempla la situación económica real de la unidad familiar en el momento de la presentación de la solicitud».
Entrando al detalle, informó García Nieto que en el último mes la RGC de la Junta ha llegado a 8.598 familias, mientras que el IMV ha llegado a 3.700; además, de esas 3.700 familias 1.655 eran ya perceptoras anteriormente de la renta garantizada de ciudadanía, y de estas el 33%, 548 familias, cobran ahora una cuantía inferior con el IMV que lo que cobraban antes con la RGM».
En la provincia de Ávila, el IMV lo recibieron 114 familias, más 76 que recibían por hijo a cargo hasta sumar 200, y de esos 114 perceptores directos 49 cobran menos lo que cobraban por renta garantizada, y 65 una cuantía superior... En este mismo periodo los perceptores de RGC fueron 571 familias en Ávila, tres veces más».