El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila correspondiente al mes de febrero aprobó siete de las once mociones que se presentaron, las cuatro del PP, las dos de UpyD y una de las dos que formuló Cs, en una sesión que se prolongó durante más de tres horas y en la que se dio cuenta de la renuncia al cargo del portavoz de Trato Ciudadano, Rubén Arroyo, formación que, por tanto, no estuvo representada.

El equipo de gobierno presentó tres proposiciones de calado nacional, en defensa de los símbolos nacionales, de la caza y de la tauromaquia, y una cuarta rechazando la posición del alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE, Óscar Puente, abogando por que las distintas administraciones prioricen inversiones en esa ciudad en detrimento del resto de capitales y provincias de Castilla y León. La de Ciudadanos que salió adelante de forma unánime, en forma de transaccional con aportaciones de PP y PSOE, incidía en el desarrollo de una estrategia de enseñanza en tecnologías de la información y de la comunicación. Por su parte, con las presentadas por Carlos Moral, portavoz de UPyD, que también lograron el respaldo unánime de los diputados provinciales, se acordó proponer a la Consejería de Sanidad la creación de un convenio con la Diputación Provincial para que se amplíe el contrato vigente y se puede implementar el servicio de ambulaciones de soporte vital básico las 24 horas del día en Las Navas del Marqués y en la zona de Ávila Rural; así como dar luz verde a la elaboración de un convenio de colaboración entre la Asociación de Apoyo a las Familias con Enfermedades Raras y Sin Diagnosticar (Aferd), dotado económicamente, con la finalidad de ayudar a esta entidad a desarrollar los servicios que presta, previo estudio de la próxima Comisión de Familia. 

En cuanto a la moción sanitaria, Moral recordó que en julio de 2018 ya presentó una moción en la que se explicaba el estado del servicio de ambulancias en estas zonas, y aunque se aprobó también por unanimidad una moción en el mismo sentido «han pasado meses y se sigue sin recibir ningún tipo de respuesta a este problema», recordando la «discriminación clara y evidente» respecto a Piedrahíta donde ese servicio «fue suplementado pasando de las 14 a las 24 horas».

La propuesta alcanzó el respaldo de todas las formaciones, con ciertas apreciaciones, pues Santiago Jiménez (IU) precisó que si ese servicio fuese público sería «mejor»; Jesús Caro (PSOE) abogó por encargar a la Consejería de Sanidad «un estudio de necesidades sobre si los medios son suficientes y si es necesario ampliarlos»; y Juan Pablo Martín (PP) recordó que, aunque es competencia de la Junta de Castilla y León, desde «la Diputación daremos pasos con propuestas para corregir esa situación».

También tuvo apoyo unánime la propuesta de UPYD para apoyar a Aferd, si bien desde el equipo de gobierno se apuntó que esa asociación no forma parte del Consejo Provincial de la Discapacidad, y que debería integrarse en la misma, y que para acceder a la línea de subvenciones que en breve se publicarán podría presentar un proyecto. No obstante, incidió en que «hay que establecer un cauce de comunicación».

Alberto Becerril, en su defensa de la moción relativa a la enseñanza en tecnologías de la información y de la comunicación, incidió en instar a la Junta para el desarrollo de una estrategia «a través de cursos educativos que reduzcan y cubran las necesidades formativas en el uso de internet, de forma paralela a la extensión de la banda ancha, con el objetivo de reducir verdaderamente la brecha digital». Desde el PP se propuso instar a la Junta para que haga convocatorias para organizar cursos a las que puedan concurrir los municipios, «más allá de exigir una estrategia» toda vez que ya está organizando cursos en esta línea, mientras que desde el PSOE se solicitó incluir que se exigiese a las administraciones «tener acceso a esa banda ancha», aspecto al que desde IU sumó a las «concesionarias».

Las mociones que presentó el Partido Popular, que también salieron adelante, tuvieron un respaldo desigual. En la relativa al rechazo a la posición del alcalde de Valladolid, en la que también se instó a Puente a «evitar posiciones de enfrentamiento entre las ciudades y provincias de la Comunidad» y a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a que «sean equitativos y objetivos a la hora de colaborar económicamente con las nueve provincias» de la Comunidad, Juan Pablo Martín acusó al alcalde vallisoletano de «despreciar a Ávila y a los abulenses, y al resto de ciudadanos de Castilla y León», y precisó que «está obligado a pedir lo máximo para sus vecinos, pero sin menospreciar a los demás».

El portavoz de Ciudadanos, Alberto Becerril, respaldó esa postura y «censuró el uso impropio de las instituciones», mientras que Carlos Moral también apoyo al PP y criticó las manifestaciones de Puente que «evidencian desigualdad». Por su parte, Santiago Jiménez, que votó en contra, afirmó que «esto empieza a parecer una pelea de colegio» y recalcó que «envidia saber de alguien que pide mejoras para su ciudad». También se opuso a la moción el PSOE, cuyo portavoz, Jesús Caro, defendió a su compañero de partido, afirmando que es «un alcalde comprometido con su ciudad que se siente impotente ante 30 años de abandono del PP». En esa línea criticó la labor de la Junta y abogó por una mayor reivindicación ante la Junta para reclamar más inversiones para esta provincia. Ante esa contestación se produjo un cruce de réplicas entre Martín y Caro, recordando el primero las inversiones establecidas en los últimos Presupuestos Generales del Estado que eran «un insulto para Ávila», mientras que el segundo le recriminó que el PP «nunca ha trabajado defendiendo los intereses de esta provincia».

Donde sí encontró el PP el respaldo del PSOE, así como de Cs y de UpyD, fue en las mociones en las que se instaba al Gobierno a reconocer la defensa de la tauromaquia como expresión cultural y seña de identidad de España y el valor estratégico de la caza. Ambas mociones partieron de la preocupación expresada por los populares tras las declaraciones efectuadas por la ministra de Transición Ecológica, donde se mostraba partidaria de prohibir ambas prácticas. En el debate, se puso de manifiesto la importancia que tienen los toros para muchas localidades de la provincia de Ávila, así como de la gestión de la caza. La nota discordante la puso el portavoz de IU, Santiago Jiménez, que votó en contra en ambas. 

La cuarta moción que presentó el PP y salió adelante fue la que instó al Gobierno a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales, que obtuvo el apoyo de los diputados de Cs, UpyD, la abstención de los siete del PSOE y el voto en contra del de IU.