Buena parte de los inmuebles situados en la plaza de San Francisco (los números del 4 al 10, ambos inclusive) están obligados a someterse a la Inspección Técnica de Edificaciones (ITV) a lo largo de este año 2020, en el que un total de 104 inmuebles situados en la capital abulense cumplen 41 años de su construcción, de ahí que todos ellos tengan que pasar una revisión técnica cuyo objeto es garantizar su buena conservación. Nueve de ellos se encuentran en barrios anexionados como Aldea del Rey Niño o Bernuy Salinero.
Esos 104 edificios que este año tendrán que someterse a la Inspección Técnica de Edificaciones se sumarán a los 4.009 que, por haberse superado las cuatro décadas desde su construcción, tuvieron que pasar ese trámite entre los años 2011 y 2019. Es, por tanto, en este año cuando la ITE cumple una década, tiempo en el que ha ido calando entre la sociedad la necesidad de realizar esta revisión periódica de los inmuebles, algunos de los cuales tendrán que afrontar en este 2020 una segunda inspección, ya que la normativa regional que la regula establece que cuando se cumplan diez años de la primera ITE sean sometidos a una segunda y sucesivas.
Los datos facilitados a esta Redacción por el Ayuntamiento de Ávila revelan que no todos los inmuebles que llevan más de cuatro décadas construidos cumplieron con la obligación legal de someterse a la Inspección Técnica de Edificaciones. De los 4.009 que debían hacerlo entre 2011 y 2019, fueron supervisados 3.216 inmuebles, lo que significa que el 80,2% de las edificaciones de la capital abulense han sido inspeccionadas para garantizar la seguridad tanto de sus usuarios como del resto de los ciudadanos.
Y de esas 3.216 Inspecciones Técnicas de Edificaciones realizadas en Ávila, casi un 88% fueron favorables, es decir, tras ser revisados por los aparejadores o arquitectos acreditados para ello 2.832 inmuebles no presentaban ninguna deficiencia de conservación, mientras que 393 edificios (un 12,2%) arrojaron un resultado desfavorable, es decir, no pasaron la ITE y, por tanto, sus titulares tuvieron que llevar a cabo las obras necesarias para subsanar las deficiencias detectadas. Para ello, el plazo establecido es de tres meses desde que el técnico presenta el informe. En estos casos, el coste de la licencia de obra apenas supone un desembolso para el propietario porque se bonifica en un 95% tanto el Impuesto de Construcciones (ICIO) como la tasa urbanística que grava este tipo de trabajos.
En el caso de que no se lleven a cabo los trabajos de mejora que aconseje la Inspección Técnica de Edificaciones, el titular se expone a una sanción que podrá imponerle el Ayuntamiento.