Todo los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León pidieron hoy el mantenimiento de la figura del vecino secretario en las juntas vecinales para conseguir la “necesaria supervivencia” de las entidades locales menores. De esta manera, se dio el visto bueno a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) para instar a la Junta a que urja al Gobierno centra para la derogación de la disposición adicional de un real decreto aprobado por el exministro Cristóbal Montoro que obliga a los secretarios municipales a asistir a las entidades locales menores en lugar del vecino secretario en las juntas vecinales.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, abogó por la defensa de los concejos y las juntas vecinales porque son la “expresión más pura” de la democracia y el municipalismo, al ser entes que eligen a las personas más apropiadas en listas abiertas. En concreto, se refirió a las más de 1.200 juntas vecinales existentes en la provincia de León. Frente a ello, recordó que el exministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, planteó en 2018 un “ERE extintivo” para el secretario de la junta vecinal que, tal vez, buscaba la desaparición de estos entes.

Santos apuntó que el PSOE aún no ha solucionado esta situación en los ocho meses que lleva al frente del Gobierno de España. “Pensábamos que este decreto iba a tener cabida en los llamados viernes sociales porque el PSOE tiene la obligación de solucionar el problema generado por el PP y Montoro”, precisó.

En ese sentido, Ramiro Ruiz Medrano, del Partido Popular, lamentó que este asunto de las juntas vecinales no es social para el Gobierno socialista. Además, aseguró que el PP es la formación que más se preocupa del medio rural y defiende mejorar las condiciones de vida de los pueblos frente a los partidos que pretenden hacer desaparecer las diputaciones provinciales o reducir el número de municipios. “Hay que buscar soluciones concretas para problemas concretos y estar pegados al territorio”, expuso. Ruiz Medrano abogó por mejorar la atención y las fórmulas de tramitación a los ciudadanos para que las juntas vecinales sean viables y reales. “Confiamos en ellas y l primero es atenderlas”, sentenció.

Por su parte, Alvaro Lora, del Partido Socialista, apoyó la PNL en la línea de la propuesta aprobada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y la Diputación de León. No en vano, consideró que es un “ataque sin precedentes” al mundo local y al municipalismo, en la línea de lo realizado por el PP en el Gobierno central. Hasta el punto de hablar de un “ensañamiento” con las juntas vecinales, con el real decreto de Montoro.

La portavoz de Podemos Lorena González abogó por modificar el real decreto en lugar de su derogación para contar con un secretario habilitado para que asista a varias juntas vecinales y realice las labores de secretaría, recaudación, tesorería e intervención. Además, pidió que ese funcionario debe ser independiente del Ayuntamiento del municipio al que pertenece esa entidad local menor. “Si si queremos que las juntas vecinales sean tratadas como verdaderas entidades administrativas es normal que haya un secretario habilitado, pero antes hay que convocar las plazas y para ello el real decreto de Montoro debería haber contado con una memoria económica”, añadió.

Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, presentó una enmienda a la PNL para que el real decreto aclare que la persona con capacitación suficiente “no necesariamente” tendrá la condición de funcionario para el desempeño de las funciones de secretaría de las juntas vecinales. Un texto que fue aceptado por el procurador de UPL.

Mitadiel destacó el papel “importante” de las juntas vecinales en asuntos tan relevantes como la conservación del medio ambiente, la despoblación y la conservación de los caminos vecinales pese a ser unas entidades muy pequeñas, sin apenas infraestructura administrativa. El procurador de la formación naranja relacionó esa falta de infraestructuras con el escaso nivel de la rendición de las cuentas en las juntas vecinales. Consideró que el vecino secretario tiene que ser el “último recurso” ante la falta de secretarios de ayuntamientos.