Funcionarios policiales adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ávila, han detenido a 9 personas que compraban los documentos falsos a una organización dedicada, presuntamente, a la falsificación de tarjetas de solicitantes de Asilo. La red criminal cobraba entre 300 y 400 euros de media por cada documento falsificado.
Además de proceder a las detenciones se ha intervenido diferente documentación, consiguiendo importante información referente a los autores materiales de las falsificaciones, que además posibilitaron nuevas detenciones desarrolladas a nivel nacional.
Con motivo de las investigaciones realizadas, se posibilitaron autorizaciones judiciales para solicitar, a distintos organismos y empresas, la documentación personal aportada por los investigados para formalizar contratos de trabajo y otras gestiones de tipo Administrativo, comprobándose que, efectivamente, dichas personas habían sido solicitantes de Protección Internacional (Asilo), pero habían dejado de tener esa condición.
Para contratos de trabajo o permisos de conducir. Se acreditó que las solicitudes habían sido denegadas y notificadas a los interesados, pues no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 12/2009 que regula la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria y, por tanto, ya no contaban con autorización para residir ni permanecer en España; sin embargo, estas personas utilizaban las tarjetas falsas, dando apariencia de legalidad y de encontrarse en situación regular intentado burlar así las normas referentes a la normativa aplicable y así poder formalizar contratos de trabajo y otras gestiones como canjear sus permisos de conducir.
El modus operandi consistía en que las tarjetas eran facilitadas para un plazo de seis meses y posteriormente, si querían mantener esa apariencia de legalidad, debían contactar de nuevo con los falsificadores para obtener una nueva y supuestamente en vigor.
La organización en algunos casos remitía por correo certificado las nuevas tarjetas a los interesados y en otras ocasiones viajaban a Madrid, donde supuestos abogados les entregaban la tarjeta en la calle, cauces totalmente inusuales y prohibidos para obtener dicho documento, ya que los mismos son únicamente expedidos en las distintas Comisarías de Policía Nacional, en presencia del interesado, por funcionarios habilitados y sin coste alguno. Los cauces legales descritos eran de sobra conocidos por los detenidos, ya que todos ellos en su día poseyeron documentos legales.