Las ayudas por desempleo caen un 7% más que los parados

Santiago González
-
Exterior de una oficina de Empleo - Foto: Ical

Algo menos de la mitad de los 147.480 personas sin trabajo registrados el pasado mes de noviembre percibían una ayuda, cuando hace seis años los beneficiarios en Castilla y León suponían el 55 por ciento

Casi 150.000 castellanos y leoneses continuaban registrados como parados a finales de noviembre del pasado año, aunque apenas llegaban a la mitad los que cobraban una prestación por desempleo. El descenso del paro, la precarización laboral y la reforma laboral de 2012 ha provocado una caída desde ese año del 45,60 por ciento de los beneficiarios de este tipo de prestaciones, más de siete puntos por encima de la reducción del número de parados (38,5 por ciento).
La recuperación económica de los últimos años ha acelerado la disminución del número de personas que no encuentran un trabajo, sin embargo la persistencia de una gran bolsa de desempleo ha dejado a muchos de ellos sin recibir ningún tipo de prestación o subsidio. Los sindicatos achacan a las restricciones introducidas en la reforma laboral, a la precarización de los contratos y a la larga duración del paro en muchos casos como principales causas de que la tasa de cobertura ronde el 50 por ciento en la Comunidad, varios puntos por debajo de la media nacional.
A lo largo de los últimos seis años también se ha ido reduciendo el gasto que suponen estas prestaciones para las administraciones públicas, así en Castilla y León se ha pasado de los 127,6 millones de euros gastados en noviembre de 2012, año de máximo repunte, hasta los 61,8 millones del pasado mes de noviembre. La caída ha sido progresiva, aunque en los últimos doce meses apenas ha disminuido un 0,12 por ciento el gasto mientras que el número de beneficiarios lo hacía en un 4,36 por ciento.
UGT y CCOO temen que se pueda ‘cronificar’ un colectivo de miles de trabajadores que no consiguen sumar derechos para cobrar una prestación por desempleo. No obstante, la caída continua del número de trabajadores que cobra una prestación se produce por la «fuga de activos a otras comunidades o países, el descenso de personas apuntados al paro, los desempleados de larga duración que pierden derechos y la precarización de los contratos», según explica Raúl Santa Eufemia, secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT.
El dirigente ugetista insiste en que cuando llegó la crisis y miles de trabajadores se quedaron sin empleo habían acumulado unos derechos laborales a recibir buenas prestaciones durante un amplio periodo, sin embargo «la rotación de contratos y su temporalidad, en especial en el vergonzante sector de la hostelería» impide ahora alcanzar las condiciones necesarias para recibir el paro o algún tipo de subsidio.
Debate.

Saturnino Fernández, secretario autonómico de Empleo y Formación de Comisiones Obreras, coincide en su planteamiento con Santa Eufemia. No obstante, incide en la necesidad de abrir un debate serio en España sobre los subsidios, a la vez que urge al Gobierno socialista a reponer la normativa sobre prestaciones anterior a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy.
Fernández insiste en que menos parados, un endurecimiento de las condiciones, el agotamiento de las prestaciones y la precariedad son las principales causas de que los trabajadores que pierden su empleo «se encuentren cada vez más desprotegidos».
No obstante, el dirigente de CCOO destaca el mantenimiento del Diálogo Social en Castilla y León cuando llegó la crisis económica, debido a la implicación de la Junta en las políticas activas de empleo. Gracias a ello, en estos años se «ha mejorado sustancialmente la renta garantizada de ciudadanía hasta convertirla en derecho subjetivo», algo que únicamente existe en el País Vasco.
Asimismo, destaca como propio de Castilla y León el actual PIE, una ayuda de seis meses cuando se agotan todas las demás prestaciones, que benefició el año pasado a unos 1.500 parados con un gasto de 3,5 millones;y las ayudas para complementos salariales como consecuencia de EREs suspensivos, a las que se han destinado 34 millones desde su inicio para beneficio de unas 60.000 personas.
Los representantes sindicales reclaman la derogación de la reforma laboral de 2012 como principio para reordenar el sistema de prestaciones para el desempleo y garantizar a todos los parados un salario para llevar una vida digna.