El Tribunal Supremo confirmó ayer su competencia para enjuiciar el procés independentista en Cataluña, pero levantó del banquillo a seis de los acusados, cinco de ellos miembros de la Mesa del Parlament y una exdiputada de las CUP que habían sido procesados tan solo por el delito de desobediencia. Estas personas deberán juzgados ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

De este modo, estima parcialmente las alegaciones planteadas por las defensas del exvicepresident Oriol Junqueras y los otros 17 procesados por el juez Pablo Llarena que habían reclamado que el asunto pasara a manos de la Justicia regional. En el banquillo del Supremo quedarán 12 exmandatarios, acusados todos ellos de rebelión y malversación de fondos públicos o que sumaban a este último delito el de desobediencia. 

La Sala, que comenzará a juzgar este asunto en las próximas semanas, lo justifica en un auto dado a conocer ayer en el que admite parcialmente los planteamientos expresados por los abogados en la vista de previo pronunciamiento celebrada el pasado día 18. Contra este auto no cabe recurso alguno y desde hoy se inicia el plazo de 10 días que tienen las defensas para presentar sus calificaciones provisionales. 

Los investigados en el Supremo, que pasarán ahora a ser enjuiciados por el TSJC son Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, exmiembros de la Mesa del Parlament, además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedía para ellos solo una pena de multa al atribuirles actividad accesoria, reducida a la actividad parlamentaria que impulsó las leyes anticonstitucionales pero sin estar dentro del núcleo de decisiones del plan independentista.