250 millones de euros para la Sanidad, 728 millones para un plan de inversiones sociales en la Comunidad y 80 millones más para un plan COVID dirigido especialmente a los ayuntamientos que gestionarán tres cuartas partes del mismo. Estas son las grandes cifras del acuerdo que mañana firmarán las principales formaciones parlamentarias de la Comunidad y que bajo el título Pacto de Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León recoge hasta 84 medidas. Hay otras cantidades más modestas – 8 millones para becas, 3 para facilitar la compra de ordenadores, entre otras- que salpican el documento que incluye también compromisos de incremento de un 25 por ciento de plazas residenciales de responsabilidad pública o un tercio las unidades socio-sanitarias, así como una revisión del modelo residencial de la Comunidad, informa Ical.

En el eje de sanidad, el documento recoge un fondo de 250 millones de euros para paliar el impacto de la covid-19, centrados en reforzar la Atención Primaria, potenciar la salud pública y la estructura de las unidades de cuidados intensivos con la contratación de profesionales, epidemiólogos y contar con material de protección.

Se avanzará en un nuevo modelo de Atención Primaria, desde el diálogo con expertos y agentes implicados, la asistencia sanitaria durante esta nueva etapa, ofreciendo el máximo nivel de calidad en la asistencia sanitaria y garantizando la seguridad de profesionales y pacientes en todo momento tanto en los centros de salud, como en los consultorios médicos.

Los consultorios médicos locales, una de las banderas del PSOE, se abrirán con triaje telefónico previo. Durante el periodo de tres meses, a lo largo del cual se avanzará en la definición del nuevo modelo, no se implementarán reformas estructurales en el sistema de atención primaria.

Igualmente se acuerda establecer un plan de refuerzo de la atención primaria para hacer frente a la fase de desescalada, que incluya contratación de profesionales y suministros sanitarios.

También, se reforzará la asistencia a las emergencias con una dotación suficiente de Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) y de Soporte Vital Básico (SVB); se establecerá un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección que garantice las existencias durante los siguientes meses; se potenciará la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de las demoras en intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas motivadas por la pandemia.

Otra de las medidas es el reconocimiento del esfuerzo de los empleados de Sacyl y de los servicios territoriales implicados en la lucha contra esta pandemia y su control mediante una gratificación, siempre que se haya realizado la jornada de manera efectiva. La Junta de Castilla y León se compromete a informar periódicamente a los diferentes grupos parlamentarios del uso de este fondo y de las actividades desarrolladas con el mismo.

Residencias

La otra gran pata asistencial del pacto es el referido a las residencias de ancianos. En este sentido, el acuerdo contempla incrementar un 25 por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de la presente legislatura y un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria. Asimismo, plantea una revisión del modelo de atención residencial para adaptarlo a las circunstancias reforzando su estructura y mediante un plan de inspecciones anual, así como la regulación de la formación de los directores de los centros o la prioridad en el uso de habitaciones individuales.

Por otro lado, la Junta se compromete a que el posible ahorro que se pudiera producir en la renta garantizada de ciudadanía por la implantación del ingreso mínimo vital se destine a prestaciones sociales, especialmente, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En el apartado social, el Gobierno autonómico se compromete a la elaboración de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025 dotado con 728 millones de euros y que ponga en marcha una planificación de infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social. 

También en este ámbito, el pacto incluye que las ayudas al alquiler lleguen a todas las personas y familias que las soliciten y cumplan los requisitos de las convocatorias y una línea de ayudas directas, por importe de tres millones, para el acceso a ordenadores y conexión a internet a las personas con menos ingresos de la Comunidad.

Asimismo, plantea reducir las tasas universitarias de primera matrícula de grado, para el curso 2020-2021 y de primera matrícula de másteres para el curso 2021-2022 hasta situarlas, como máximo, en la media de las comunidades autónomas, incrementando a la vez las transferencias de la Junta a estas instituciones para compensar la reducción de ingresos. Entre las ayudas escolares, plantea también una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad para el próximo curso con una dotación de 8 millones de euros.

Fondo COVID

El acuerdo obliga a constituir  un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros de los que la mitad, 40 millones de euros, se transferirá a las corporaciones locales para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. De los otros 40 millones, la mitad los gestionarán también las entidades locales para cuestiones relacionadas con los servicios sociales y los colectivos afectados por la crisis y los otros 20 serán de gestión directa por parte de la Junta.

En el ámbito del empleo, el plan recoge la puesta en marcha de un fondo de recuperación para empresas de la Comunidad, que se nutrirá mediante los instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones. También plantea el diseño de un nuevo Plan de Promoción Industrial, en el marco del Diálogo Social, adaptado a la nueva situación post COVID-19.

Grupo de expertos

Otras iniciativas incluyen la creación de un Grupo de Expertos de la sociedad de la Comunidad, formado por personalidades de reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos campos de actividad, para elaborar propuestas 

para el nuevo escenario social, que serán debatidas además en una conferencia de la sociedad de Castilla y León que creará la Junta con integrantes de los distintos ámbitos institucionales, sociales, económicos, culturales y educativos de la Comunidad entre otros.

Asimismo, el acuerdo obliga a la Junta a elaborar un informe sobre incidencia y prevalencia de COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos, con el objetivo de su evaluación y debate en la Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Castilla y León.