El vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, anunció hoy que en septiembre comenzará en las Cortes la tramitación de la proposición de ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual de Castilla y León, aparcado desde la legislatura anterior por el bloqueo del PP. En este sentido, Igea, que renovó el compromiso de los últimos cuatro años de Ciudadanos con responsables del colectivo LGTBI, con los que mantuvo una reunión, señaló que la Comunidad “no puede ser menos en igualdad que el resto” de territorios.
Preguntado por la posición del PP al respecto, señaló que su postura es la del partido naranja y un Gobierno “de coalición” que ha suscrito un acuerdo entre PP y Cs con cien medidas, y una de ellas es la aprobación de esta ley. En todo caso, los números para aprobar la ley sí dan en el caso de que no exista consenso de todos los partidos políticos, si se atiende al respaldo que mostraron los grupos hace unos meses.
Al respecto, el presidente autonómico de la Federación LGTBI (Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), Ignacio Paredero, confió en que todos los partidos se unan a la causa y, tras mantener un encuentro recientemente con el PSOE, anunció que hará lo mismo con el resto en próximas fechas. “No podemos esperar más. Ya existe un texto consensuado de la anterior legislatura”, aseguró Paredero, quien fue más allá y criticó que los casos de acoso escolar a los niños del colectivo y otros de acoso sexual “no esperan”.
Actualmente, doce de las 19 comunidades y ciudades autónomas ya cuentan con una ley de estas características, entre ellas Andalucía y Extremadura, que “son parecidas” a la que se plantea en Castilla y León. En la región extremeña fue propuesta por el PP. “Hay que aprobar la ley cuanto antes para que la región no sea la última en alcanzar la igualdad legal y real para la diversidad social”, significó.
Entre las medidas que recogerá la ley, sostuvo Igea, la Junta estudiará la posibilidad de regular la reproducción asistida para madres solteras, un encargo que realizará próximamente a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya que Castilla y León es una de las pocas comunidades que aún no la tiene. “Tenemos que dar un paso adelante en derechos. Siempre es más fácil cuando están garantizados por ley para, por ejemplo, pagar un tratamiento de fecundación”, sostuvo.