Iberdrola detectó 570 fraudes eléctricos en Ávila en 2018

E.Carretero
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Los casos de enganches ilegales y manipulación de contadores, que son fruto de las más de 2.700 inspecciones llevadas a cabo por la compañía a lo largo del pasado, aumentaron un 29 por ciento y permitieron recuperar más de 1.371 MWh

Iberdrola detectó 570 fraudes eléctricos en Ávila en 2018

Iberdrola detectó a lo largo del pasado año en el conjunto de la provincia de Ávila 570 casos de fraude eléctrico, lo que permitió recuperar más de 1.371 MWh horas, según los datos facilitados a este medio por la propia compañía eléctrica.
Los casos de fraude identificados el pasado año en Ávila fueron resultado de las más de 2.700 inspecciones que la compañía realizó en dicho ejercicio en esta provincia y suponen un incremento de prácticamente el 29 por ciento respecto a los 442 enganches ilegales detectados un año antes, si bien en 2017 la energía defraudada fue mayor, en este caso  más de 1.500 MWh. El incremento del fraude detectado en esta provincia fue muy similar al que la compañía identificó en el conjunto de Castilla y León donde a lo largo del pasado año se denunciaron algo más de 6.330 enganches a la red ilegales, que permitieron a Iberdrola recuperar cerca de 22.905 MWh, frente a los 4.865 que se habían detectado el año anterior, lo que implica un incremento del 30 por ciento.
Y si bien es cierto que a nivel nacional también se incrementaron los fraudes en este sentido también lo es que el aumento no fue tan acusado como en Ávila y en el conjunto de Castilla y León si se tiene en cuenta que los más de 66.300 fraudes detectados por la compañía en el conjunto del país supusieron un incremento del 16 por ciento respecto a los casos contabilizados en 2017.
Pese a lo que a priori se podría llegar a pensar no es el consumidor medio, en este caso las familias, quien está detrás del fraude de electricidad sino que los casos de conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de contadores se originan en el sector residencial  de gran consumo. De hecho, fuentes del sector apuntan que el 99 por ciento de los casos de fraude eléctrico que se detectan se producen en el sector servicios y en el industrial, lo que constata «que estas situaciones solo se presentan de forma puntual en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad».
Es más, las mismas fuentes aseguran que el perfil de defraudador eléctrico en España «se ha profesionalizado», al igual que la metodología y herramientas de las empresas distribuidoras que son capaces de detectar, aseguran, el cien por cien de los casos de fraude. A ello contribuye lógicamente la mejora de los sistemas de las compañías distribuidoras, a la vez que la utilización de técnicas analíticas de big data, que «permiten la detección de estas situaciones de forma muy precisa y eficiente».
Hacer uso de la red eléctrica fuera de la legalidad o incluso manipular los contadores con el fin de no abonar el gasto real no es algo baladí, ya que las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los equipos «conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios». No hay que olvidar tampoco  que este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y que, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, puede constituir un delito.  
Desde el sector eléctrico recuerdan que en cumplimiento de las funciones y obligaciones que las normas establecen, las empresas distribuidoras realizan labores de detección y regularización de situaciones de defraudación de fluido eléctrico. No en vano, el fraude eléctrico en España «preocupa también a las Administraciones Públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores, un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y, además, repercuten de forma directa y significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura».